Por: Redacción YSKL
En una entrevista exclusiva para la agencia de noticias Reuters, el ex Fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República reveló que el gobierno del presidente Nayib Bukele cerró la investigación de su unidad sobre sus supuestas negociaciones con pandillas en el primer año de administración, con motivo de desplomar las cifras de homicidios a cambio de beneficios carcelarios.
German Arriaza, quien encabezó las principales investigaciones en materia de corrupción en la gestión del ex Fiscal General, Raúl Melara, depuesto el pasado 1 de mayo, le dijo al medio que su equipo recopiló evidencia documental y fotográfica que daba cuenta de los beneficios a la MS y el barrio 18.
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El ex funcionario, que también indagó de avisos relacionados a irregularidades en contratos públicos para manejar el COVID-19 buscó evitar represalias abandonando la Unidad Anticorrupción y asilándose en otro país, apenas ocurrió la sustitución de Melara.
El nuevo Fiscal General, Rodolfo Delgado, citó a Arriaza 5 días después para preguntarle qué casos estaba llevando su unidad contra el Gobierno, indica Reuters. Tras informar a su ahora superior, fue notificado el mismo día que fungiría como asesor en otra instancia: la escuela de capacitación fiscal. Arriaza dijo que se le prohibió acceder a su oficina, computadora y archivos inmediatamente después de la reunión del 5 de mayo y huyó del país el mismo día para vivir en el extranjero. «Fui fiscal del gobierno durante más de 18 años, he procesado casos de corrupción en todo el espectro político (políticos, jueces, policías, pandilleros, narcos), pero esta es la primera vez que sentí que tenía que irme», mencionó.
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Reuters también consigna que además de Arriaza, una fuente del ministerio público salvadoreño y dos funcionarios de la justicia estadounidense confirmaron que las investigaciones que llevó a cabo el Grupo Especial Antimafia (GEA), fueron cerradas. El GEA fue desmantelado y sus miembros se exiliaron o fueron trasladados por las autoridades.
«Nuestras investigaciones fueron las que llevaron al Gobierno a disolver el organismo anticorrupción», dijo Arriaza desde una locación no revelada.
La unidad, que llamó al caso «Catedral», comenzó en 2020 a elaborar un informe por medio de escuchas telefónicas, cámaras de seguridad, fotografías, documentos incautados y discos duros provenientes de la Dirección General de Centros Penales que señalaban al titular, Osiris Luna y Carlos Marroquín, Director del Tejido Social, ingresando a las cárceles a fin de reunirse con los líderes de pandillas. En dichos encuentros, Arriaza sostuvo que encontraron que ambos funcionarios ofrecieron mejores condiciones carcelarias, dinero y otros beneficios a cambio de que redujeran las tasas de homicidio y dieran apoyo electoral al partido Nuevas Ideas de cara a los comicios del 28 de febrero, tal y como reveló una investigación de El Faro. Incluso dos funcionarios estadounidenses confirmaron las investigaciones del GEA.
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Supuestamente los funcionarios hacían ingresar a representantes de la MS y Barrio 18 en gorros pasamontañas para despistar su identidad ante las cámaras de vigilancia.
El informe obtenido por Reuters presenta transcripciones de los fiscales de supuestos mensajes de audio de los teléfonos de los pandilleros, demandas escritas a mano supuestamente de las pandillas, anotaciones en el libro de registro que detallan los presos que supuestamente se reunieron los funcionarios del gobierno. También describe los supuestos intentos de Luna de destruir pruebas de las reuniones en prisión.
A mediados de diciembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre una sanción contra Luna y Marroquín, por encabezar negociaciones con líderes pandilleriles encarcelados. Ambos fueron sancionados bajo la la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos, que implica que el Tesoro bloqueará todas las propiedades e intereses en Estados Unidos pertenecientes a los directores.
Según el documento, Luna Meza y Marroquín facilitaron y organizaron reuniones secretas con líderes de pandillas encarcelados, donde se permitió a pandilleros que están en libertad ingresar a centros penales para reunirse con sus líderes. “Las reuniones fueron parte de los esfuerzos del Gobierno de negociaciones secretas para una tregua con líderes pandilleriles”, destaca el escrito.
