Por: Redacción YSKL
Luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remitiera el caso de “Beatriz» a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por considerar que el Estado salvadoreño incumplió las normativas básicas de derechos humanos, organizaciones civiles, externaron su beneplácito a la decisión y aprovecharon para señalar que esta sería una oportunidad para que el Gobierno impulse políticas públicas y adecuen el marco legal para proteger los derechos reproductivos de las mujeres.
Este miércoles, representantes de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, Ipas Centroamérica y México (Ipas CAM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) criticaron que la vida de una joven se truncó por no encontrar apoyo por parte de las instituciones estatales a una disyuntiva que roza la salud con la ley.
Esto pese a la resolución de la Comisión IDH, que emitió recomendaciones y medidas cautelares de no repetición de violaciones de derechos humanos de mujeres en cuanto a la vida, la salud, la protección, prevención y reparación de los daños causados a las víctimas y a sus familiares.
Para la representante de la Colectiva Feminista, Morena Herrera, Beatriz enfrentó la “persistente e histórica” indiferencia de los Gobiernos de turno que han ignorado la problemática.
“Beatriz desafió al Estado salvadoreño al interponer un Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, por 2 días Beatriz enfrentó a los médicos y los magistrados en audiencia, cuya decisión le negó a Beatriz el resguardo de su salud”, señaló.
Por su parte, Gisela de León, directora jurídica de CEJIL destacó que, a partir de que la Corte IDH emprenda una audiencia contra el Estado de El Salvador, pondrá en evidencia las debilidades del sistema público de salud para manejar casos de mujeres con emergencias obstétricas; tal y como sucedió con el caso de Manuela, la joven que falleció esposada, debido a que fue procesada por homicidio agravado en perjuicio de su hijo no nacido.
En el 2013, Beatriz fue diagnosticada con un embarazo de once semanas, el cual fue considerado de alto riesgo dado que padecía una enfermedad grave. Morena Herrera, del Colectivo Feminista, señala que hubo violaciones de sus derechos fundamentales.
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) January 12, 2022
Vía @XioGalinaYSKL pic.twitter.com/3swOlrnYVx
El caso
Beatriz es el nombre que se le dio a una mujer (para proteger su identidad), que a los 18 años enfrentaba un padecimiento de lupus eritematoso sistémico, agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea.
En febrero del año 2013, a la joven originaria del Bajo Lempa, Jiquilisco, se le informó de un embarazo de 11 semanas de gestación, el cual fue catalogado de alto riesgo, así como por un diagnóstico que confirmaba condiciones del feto incompatibles con la vida.
La recomendación médica indicaba la interrupción del embarazo (aborto), pero las condiciones legales en El Salvador impidieron la realización oportuna del procedimiento. El Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad, conformado por los 13 Jefes de Especialidades, recomendó interrumpir el alumbramiento porque el producto en gestación era anencefálico, no tenía cerebro y no podía sobrevivir fuera del útero materno. Sin embargo, Beatríz decidió proseguir con el embarazo.
La joven, con apoyo de organizaciones feministas encabezó el 11 de abril del 2013, una batalla legal -que le tomó más de 80 días- para que la Sala de lo Constitucional fallara contra el equipo médico, por «desproteger su derecho a la vida y la salud». Tras 47 días y no haber obtenido respuesta, el caso escaló al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; durante ese lapso, Beatriz se sometió a un parto inducido que dejó graves secuelas y además: la criatura anencefálica solo sobrevivió cinco horas.
Por estas violaciones a sus derechos, Beatriz el 29 de noviembre de 2013, presentó a la CIDH una demanda al Estado salvadoreño. El 7 de septiembre del presente año la CIDH, declaró admisible el caso mediante informe No. 120/17. En su decisión, indica que los hechos denunciados podrían caracterizar posibles violaciones de diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y de la Convención Belém do Pará.
Beatriz murió el 8 de octubre de 2017 a consecuencia de las complicaciones de su frágil estado de salud. Tuvo un accidente de moto cuando la llevaban a una consulta médica y aunque el trauma cráneo encefálico que sufrió, fue leve el personal de salud que le atendió debió referirle a un Hospital de Primer Nivel teniendo en cuenta sus padecimientos. Pocos días después fue dada de alta, adquirió una neumonía hospitalaria, teniendo que ser nuevamente ingresada de urgencia y su organismo debilitado no lo resistió.
El Caso de Beatriz, dio la vuelta al mundo generando un movimiento de solidaridad, que derivó en llamados a la flexibilización de la normativa que prohíbe el aborto en el país. En este sentido diversos organismos internacionales han hecho reiterados llamados al Estado salvadoreño para que establezca causales para que las mujeres puedan someterse a este tipo de procedimientos.
A partir del traslado del caso, se espera que en los próximos meses la Corte IDH convoque a audiencia pública a los representantes de la víctima y al Estado de El Salvador.
María Antonieta Alcalde, de IPAS CAM, adelantó que con esta nueva audiencia se abrirá el debate para la despenalización del aborto. «No se trata de estar a favor o en contra del aborto, o de si una estaría dispuesta a practicárselo o se trata de las mueres que lo necesitan para salvar su vida y de las que son encarceladas injustamente por haber tenido emergencias obstétricas, se trata de reconocer que esta es una problemática que nos afecta como sociedad y que se ensaña con las mujeres jóvenes y en condiciones de pobreza», matizó la activista.
En la demanda Beatriz solicitaba lo siguiente:
– El reconocimiento a los derechos por los que luchó, una reparación que permita atender el cuidado de su hijo, que en 2017 tenía 5 años de edad.
– Medidas de no repetición para que el Estado realice cambios legales para la despenalización del aborto en determinados casos, el sistema judicial deje de procesar y condenar a mujeres por aborto o problemas relacionados y el sistema de salud aplique protocolos que garanticen la confidencialidad y secreto profesional a mujeres que llegan al sistema de salud por problemas obstétricos.
