Por: Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta semana ante el Juzgado de Primera Instancia del Municipio de San Sebastián, departamento de San Vicente, un escrito mediante el cual solicita la detención de varios exjefes militares vinculados a hechos delictivos cometidos durante el pasado conflicto armado, en ese departamento.
El caso por el cual que se presentó el escrito ante la instancia judicial es por el denominado “Masacre de El Calabozo”, un hecho ocurrido el 22 de agosto de 1982 en la zona rural del municipio de San Estaban Catarina y en donde fuerzas militares en el marco de un operativo de contra insurgencia asesinaron a más de 200 personas entre mujeres, ancianos y niños a quienes acusaban de ser colaboradores de la guerrilla.
Fiscales de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos Durante el Conflicto Armado informaron que las personas para quien se solicita la detención por este caso son: el General Guillermo García, los coroneles Sigifredo Ochoa Pérez, Napoleón Alvarado, Rafael Flores Lima y Domingo Monterrosa (ya fallecido); así como al General Juan Rafael Bustillo como cómplice no necesario.
El escrito se presentó de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Penal del año 1974 y los delitos que se les atribuyen son: Asesinato, Actos de Terrorismo, Daño Agravado, Robo y Privación de Libertad.
De acuerdo con la fundación Cristosal, la masacre fue ejecutada también por el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “Ramón Belloso”, Destacamento Militar N° 2 de Sensuntepeque, Cabañas, y Quinta Brigada de Infantería de San Vicente.
El operativo denominado “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”, fue desplegado desde el 17 al 25 de agosto de 1982 en los municipios de San Esteban Catarina, San Lorenzo, Santa Clara y otros municipios aledaños, todos del departamento de San Vicente.
El 23 de enero del 2020, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal entregaron seis osamentas de víctimas, cuyo proceso de exhumación inició el 28 de octubre de 2018, con el acompañamiento del Centro para la Promoción de los DDHH “Madeleine Lagadec” y Cristosal, junto a familiares sobrevivientes en el proceso judicial que se promueve para el esclarecimiento del caso.
Carolina Constanza del centro de promoción de DDHH, manifestó que hay más víctimas que hay que exhumar en los municipios donde se desarrolló el operativo militar, sin embargo, algunas no podrán ser recuperadas.
“La denuncia está desde 1992 en el tribunal de San Sebastián, todo 2006 estuvo archivado, la jueza no quiso trabajarlo y nosotros interpusimos un amparo a la Sala de lo Constitucional, lo admitieron y lo resolvieron y le mandaron al tribunal iniciar las investigaciones. Vino la resolución (derogatoria) de la Ley de Amnistía y otra vez se reafirma la resolución y el juez ordenó la exhumación de la única fosa”, explicó Constanza.
