Por: Redacción YSKL
El Asesor Jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, desestimó las denuncias sobre los retenes policiales que detuvieron buses que conducían personas a la marcha convocada por organizaciones civiles para conmemorar el 30° Aniversario de firma de los Acuerdos de Paz.
Según el funcionario, los dispositivos policiales en los días domingos son recurrentes, pues se enmarcan en el Plan Control Territorial, que ejecuta el Gobierno para cortar la operatividad de la delincuencia.
Esto lo extrapoló con reportes de la Policía Nacional Civil (PNC), que informó sobre detenciones activistas y el decomiso de varias armas contundentes en su poder.
“La PNC tiene un plan, un proyecto de seguridad pública, donde los retenes son permanentes, están ahí siempre. El Plan Control Territorial no solamente contempla la investigación y represión a la delincuencia, sino al tema de represión. Dentro de ese contexto, principalmente en los domingos en las carreteras se establecen retenes, eso siempre se da, no es un aspecto que se puso para detener a los buses financiados”, aseguró este lunes.
“Da resultado cuando vienen personas de buses que no estaban en su ruta, por ejemplo, en uno encontraron muchas armas blancas que se les llaman, cuchillos, machetes, la policía decomisó, eso hace sentir al que marcha […] pero es le da seguridad, el hecho de decomisar machetes y decomisos, a efectos que la gente en la marcha tenga tranquilidad”, añadió en la entrevista Frente a Frente.
El funcionario condenó los actos de violencia que sucedieron dentro de la movilización. Uno contra un motociclista en el Boulevard Constitución y otra en la 25 Avenida Sur, cerca del Hospital Rosales.
“Las marchas deben ser la manifestación de la libertad de expresión, pero la Constitución exige ‘sin alterar el orden público’, entonces aquí sí se ha alterado el orden público porque han agredido trabajadores”, sostuvo.
Y agregó: “Se están dando muchos actos de violencia, es una marcha, sin ninguna duda, van sin conocer porqué van, se está instrumentalizando adultos mayores, niños, ahí el Procurador de Derechos Humanos debe responder al respecto”.
Diversos retenes fueron instalados en los accesos a San Salvador desde horas de la tarde de este sábado hasta la mañana de este domingo 16 de enero, previo a las marchas en conmemoración de los Acuerdos de Paz.
Efectivos policiales y algunos acompañados por militares pararon a algunos de los buses que provenían del interior del país que buscaban ingresar a San Salvador para pronunciarse.
Uno de estos retenes se instaló en la zona de la Residencial La Gloria en el Boulevard Constitución, donde se registró un caso donde un agente de la PNC impuso una multa a un conductor de autobús, pero la orden fue retornar y si seguía a su destino sería multado nuevamente. «La orden ahorita es que usted va a retornar y ya no va a pasar por los que lleva, sino, va a tener otra falta y así vamos a estar. Solo permítame, nosotros lo vamos a custodiar”, dijo el policía al conductor. Un periodista consultó al transportista su opinión sobre la orden, a lo que respondió “prefiero no opinar, porque si opino luego agarran represalia conmigo”.
Cientos de personas se reunieron el domingo para pronunciarse contra decisiones del Gobierno y conmemorar los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que dio fin a 12 años de Guerra Civil y dio apertura a nuevas instituciones para velar por los derechos humanos.
La marcha tuvo tres puntos de reunión, en el Parque Cuscatlán, en el Palacio de los Deportes y sobre la Diagonal Universitaria, todas con dirección a la Plaza Cívica, en el Centro Histórico de San Salvador.
Esta es la primera marcha del año de una serie de protestas que iniciaron el 15 de septiembre del año pasado contra el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Entre los pronunciamientos destacó las recientes acciones de “espionaje” a periodistas que se dio a conocer en medios internacionales, a través de un programa denominado “Pegasus”, que suele ser contratado por gobiernos, aunque en El Salvador aún se desconoce el origen exacto.
Entre las razones que expusieron los asistentes también están los casos judiciales por las masacres en el contexto de la guerra, así como el clamor de justicia y reparación a las víctimas.
El descontento de los organizados continúa ante la denominada “depuración de jueces” sobre las reformas aprobadas en la Asamblea y con el aval de Presidencia, que aseguraron es un ataque a la independencia judicial, pues obligó el retiro de juristas y autoriza los traslados por la Corte Suprema de Justicia.
Además, reclaman la respuesta del Estado ante los desaparecidos, pues se expone que el Ministerio de Seguridad ha desmeritado el tema al aseverar que se tratan de desplazamientos voluntarios o personas vinculadas a pandillas y droga.
