Por: Redacción YSKL
El Diputado de Nuevas Ideas, Saúl Enrique Mancía presentó esta semana una propuesta de reforma al Código Penal, para tipificar el Hurto y Robo de Ganado.
En su propuesta, el parlamentario manifestó que por años el sector ha sido gravemente afectado por grupos de personas que se dedican a la apropiación indebida de los semovientes para destazarlos y luego comercializar sus derivados, de esa manera lograr ingresos de forma ilícita.
Reza en la misiva que se incluirá una sanción penal más rigurosas. En ese sentido, propone incluir en el numeral 8 del artículo 208, relativo a “productos o insumos agropecuarios” añadir el delito de “Hurto de semovientes” y rezará así: “Art. 208-A. – El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero, se apodere de semovientes, sustrayéndolos de quien los tuviere en su poder, será sancionado con prisión de cinco a siete años de prisión”.
Asimismo, se intercalará entre los artículos 208 y 209 un inciso que establezca una agravación especial (ocho a diez años de prisión) si el hurto de ocurriera bajo ciertas circunstancias: que haya sido cometido por dos o más personas; cuando se aprovechan de la confianza del propietario de los animales, los empleados, administradores o encargados; y aquellos que se valgan de algún estrago, calamidad pública o desgracia particular del propietario del semoviente.
Además, si para trasladar a los animales se causaron daños y perjuicios en las cercas o linderos hechos para el resguardo y protección de los mismos.
En cuanto al robo de semovientes, la propuesta indica que se colocará un inciso “A” entre los artículos 212 y 213 de la legislación penal para estatuir que si este crimen se ejerce con violencia será castigado con nueve a doce años de prisión.
Y se elevará de doce a catorce años de cárcel si se comete con armas de fuego, lo perpetró un servidor público, hayan participado dos o más personas y si aprovecha “estragos o calamidad pública o una situación de desgracia particular del ofendido”.
La propuesta ingresó en la Plenaria del 18 de enero del 2021 y se trasladó a la Comisión de Seguridad para su estudio.
