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Por: Redacción YSKL
El exvicepresidente salvadoreño dijo que el software «ya lo tenía el Gobierno, lo utilizaba para todo el tema de georeferencia».
El exvicepresidente de El Salvador y secretario del FMLN, Óscar Ortiz, aseguró este lunes que la Policía Nacional Civil (PNC), ocupaba el software PEGASUS en el pasado para «georeferencia» y no para espionaje.
Ortiz, vicepresidente entre 2014 y 2019 durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, afirmó en la entrevista de La Tribu FM que Pegasus «vino de México».
Mientras criticaba los señalamientos internos y nacionales sobre el uso de este programa para intervenir teléfonos de periodistas y activistas de derechos humanos, el dirigente de izquierda extrapoló que en su gobierno PEGASUS se utilizaba pero para otros fines.
«Ya lo tenía el Gobierno, lo utilizaba para todo el tema de georeferencia» indicó y agregó que la versión «normal» estaba «dentro del presupuesto policial». Al ser preguntado por uno de los presentadores si «con ese Pegasus no se podía espiar periodistas», Ortiz contestó que «no, porque además está prohibido».
Ortiz recalcó que conoce «más o menos» dicho programa, porque en el «Gobierno nosotros ya estaba, pero es un programa policial para generar mayor efectividad en la capacidad de reacción» con «información georeferenciada».
«Una cosa es eso, pero otra es que tú te pongas a espiar gente», añadió Ortiz y apuntó que «me imagino que con un esquema totalmente ilegal comenzaron a espiar a media humanidad, especialmente a periodistas».
Ortiz aseguró que el uso que supuestamente se le daba «nada tiene que ver con lo que han hecho estos», en referencia al actual Gobierno, «que es abrir el piso de las escuchas».
Según pruebas forenses realizadas por laboratorios especializados en ciberseguridad, 37 teléfonos móviles de periodistas y organizaciones civiles «fueron interceptados a gran escala entre julio de 2020 y noviembre de 2021 mediante el uso del software Pegasus».
La empresa israelí NSO Group, creadora del programa de espionaje, sostiene que solo vende la herramienta a Gobiernos. Así lo señaló en un comunicado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami (Florida, EE.UU.).
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el espionaje a periodistas salvadoreños y reclamó al Gobierno de Nayib Bukele que investigue los hechos y adopte estándares legales y jurídicos para frenar la práctica del ciberespionaje, así como que la justicia castigue a los responsables.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, denunció que esta es una «grave violación a la libertad de prensa» y reiteró el repudio de la organización hemisférica al «espionaje digital contra periodistas de varios medios del país» centroamericano.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana y el Caribe (OACNUDH) exhortaron a El Salvador a que «investigue el espionaje a periodistas» y garantice “la integridad de las víctimas”.
La confirmación del espionaje, a cargo de un peritaje del laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto y la iniciativa Access Now, en colaboración con Amnistía Internacional, reveló que las víctimas estuvieron cerca de año y medio bajo vigilancia.
“La CIDH, RELE y OACNUDH invitan a El Salvador a que ofrezca garantías efectivas al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad, en particular respecto del ejercicio del periodismo y de la labor de las y los defensores de derechos humanos, por medio del desarrollo de investigaciones conducidas con la debida diligencia, y que sean completas, efectivas e imparciales”, citaron los organismos en un comunicado de prensa.
Las tres entidades, que velan por la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, afirmaron estar dando seguimiento a las declaraciones públicas del titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, quien ha anunciado que ya existe una investigación en curso.
Además, instaron al Estado salvadoreño a “esclarecer los hechos denunciados, sancionar a quienes resulten responsables y establecer garantías de no repetición mediante la reformulación de las normas sobre vigilancia electrónica”.
De las 35 víctimas, unas 22 pertenecían al medio independiente salvadoreño El Faro y, de ellos, 19 se hallaban desde marzo 2021 amparados por medidas cautelares de la CIDH.
