El exdiputado suplente por el departamento de La Unión, Roberto Carlos Silva Pereira, de 45 años de edad, fue condenado a 22 años de prisión al encontrarse culpable de los delitos de lavado de dinero y activos y cohecho activo, en el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador.
Silva fue condenado a 12 años por lavado de dinero y a 10 por cohecho o soborno.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exdiputado de ofrecer sobornos a varios alcaldes y ocultó cantidades de dinero obtenidas de manera ilícita de las municipalidades.
El exfuncionario mantuvo negocios con un aproximado de 15 municipalidades de la zona oriental, a quienes ofrecía el 10% del total de las obras, como sobornos con el fin de que le adjudicaran los proyectos, sin pasar por el procedimiento que exige la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP); por lo anterior se le atribuye que lavó de esta forma $13.4 millones de dólares, de los cuales $11 millones ingresaron a sus cuentas personales y el resto a cuentas de sus sociedades.
Los hechos atribuidos al exlegislador suplente ocurrieron durante los años 2002 hasta marzo de 2006 antes de su elección como diputado.
