Por: Redacción YSKL.
Este lunes, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), a través de la Oficina de Asesoría Legal y Anti Corrupción de El Salvador (ALAC) presentó el Informe «Retrocesos en Materia de Independencia Judicial», a partir de las recientes reformas aprobadas a la Ley de la Carrera Judicial (LCI).
Los informes tienen como finalidad visibilizar las consecuencias de los cambios, afectaciones y anomalías identificadas en materia de conformación de tribunales de justicia e independencia judicial.
De acuerdo a Wilson Sandoval, coordinador de FUNDE, en agosto 2021, el grupo parlamentario de Nuevas Ideas tomó la iniciativa de impulsar reformas a la carrera judicial, bajo el argumento de depurar y modernizar dicho sistema salvadoreño, afectando a más de 200 operadores de justicia entre magistrados y jueces con su remoción.
Sandoval explicó que, dentro de las reformas, identificaron la afectación al elemento de la “independencia judicial”. “Porque a nivel constitucional una de las garantías de los órganos de justicia es dicho elemento, lo cual implica la muy interferencia directa en los asuntos dentro de los tribunales, juzgados e implica que no debería haber ninguna implicación en un órgano externo”.
Asimismo, el informe señaló 2 vacíos inconstitucionales dentro de las reformas a la Ley: vicios de forma y de contenido.
“En ningún momento la Asamblea Legislativa estaba habilitada por la Constitución para poder realizar las reformas. En el art. 133 de la Constitución indica que, si bien la Asamblea tiene diferentes atribuciones en materia de legislación, una de las limitantes a legislar es la no intervención dentro del sistema judicial”, manifestó Sandoval.
En relación al vicio de contenido, el asesor legal resaltó que “los preceptos que buscan reformarse no encajaban con los preceptos constitucionales entre ellos el Principio de no discriminación, en el que el criterio de la edad y tiempo de servicio no fomenta la uniformidad, pues no hay un criterio o parámetro de la función jurisdiccional que se vincule con la edad o tiempo de servicio de un operador de justicia”.
El estudio también recogió la afectación de la libertad que deriva de la independencia judicial, “una vez los órganos de justicia son cesados de su cargo hay operadores que los sustituyen, y esta sustitución se ve afectada”, señala el informe.
Por último, ALAC señaló diferentes anomalías en el nombramiento de los 134 nuevos jueces juramentados en septiembre de 2021 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Wilson Sandoval (@wosm87), coordinador del centro de asesoría legal anticorrupción de @Fundeorg, dijo que desde la aprobación de las reformas a la ley de la cartera judicial, hay un retroceso y una afectación a la independencia judicial.
Vía @pachequitoyskl pic.twitter.com/FDTENH8pBt
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) March 21, 2022
Primeras afectaciones
Al cierre de la presentación, Luis Ortega, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), denunció la retardación de justicia en la Sala de lo Contencioso Administrativo, ya que aseguran existe una violación a los derechos de casi 2 mil trabajadores que han sido despedidos sin hacerles el debido proceso.
“900 mujeres que no se les ha respetado el derecho, lo más duro es que han despedido a trabajadores que tienen padecimientos graves como cáncer o insuficiencia renal”, señaló, citando como referencia los cambios en los tribunales de justicia.
“A 10 meses que hemos puesto los procedimientos de los trabajadores, no ha habido una respuesta de los tribunales. Eso si es complicado porque aquí queda claro la injusticia judicial. Independencia judicial no tenemos en El Salvador, lo que estamos viendo es concentración del poder, en el Ejecutivo en este caso”, aseguró el sindicalista.
