Por: Redacción YSKL
Este lunes, la Fundación Cristosal presentó, ante la Corte de Cuentas de la República (CCR), una apelación a la resolución en la que esta institución, se negó a resolver una denuncia que se hizo el pasado 8 de febrero en la que se pedía la investigación sobre el posible uso de fondos públicos en la contratación del software espía Pegasus.
Pegasus, un programa de la compañía israelí NSO Group, el cual solo puede ser contratado por gobiernos, fue señalado el año pasado de intervenir varios dispositivos electrónicos de periodistas y activistas de derechos humanos en El Salvador.
La Corte argumentó que no se puede conocer sobre la investigación por no ser de su competencia y alegó que el cuestionamiento debía resolverse por la vía penal, es decir mediante la Fiscalía General de la República (FGR).
Ruth López, Jefa de Anticorrupción de Cristosal, señaló que el artículo 195 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley de la Corte de Cuentas, le otorga las facultades para auditar el uso de recursos públicos, para así confirmar si hubo una presunta adquisición del software.
“No estamos pidiendo la investigación de un hecho delictivo, como la posible intervención de las comunicaciones, sino el uso de fondos públicos para la compra de un software espía detectado en varios dispositivos de periodistas y miembros de la sociedad civil, a quienes se les ha violentado su derecho a la privacidad de la información”, aclaró.
La denuncia, según explicó, es contra el Presidente Nayib Bukele y los funcionarios que tienen responsabilidades de dirigir el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy; y del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Peter Dumas, por ser quienes pudieron estar involucrados en la adquisición de servicios de inteligencia prestados por NSO Group.
Aseguran que la adquisición del software, puede alcanzar hasta los $8 millones de dólares.
Pegasus puede tener acceso a fotos, videos, mensajes, correos, incluso grabar las llamadas de los dispositivos telefónicos, intervenir aplicaciones de chat como Whatsapp, contactos, calendario e interceptar ubicaciones de GPS.
Una investigación de “The Citizen Lab” y “Access Now”, en colaboración con Fundación Acceso y Amnistía Internacional, dieron parte de que Pegasus intervino los dispositivos personales de al menos 35 personas en El Salvador, en su mayoría activistas de derechos humanos, entre ellos Cristosal, y periodistas que investigan temas de corrupción gubernamental como los medios digitales El Faro, El Mundo, La Prensa Gráfica, Gato Encerrado y Factum.
Cristosal pide a la CCR que también indague qué partida presupuestaria se utilizó para adquirir Pegasus. Citando El artículo 24 inciso 2° de la Constitución que prohíbe que las autoridades y los particulares realicen cualquier actividad que pueda calificarse como interferencia o intervención de las telecomunicaciones, permitiendo que de forma excepcional se pueda permitir la intervención o interferencia siempre y cuando exista una orden judicial que autorice a los agentes estatales dichas acciones. Asimismo, el inciso 3° de dicha disposición constitucional establecen que toda violación comprobada a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución “será causa justa para la destitución inmediata de su cargo y dará lugar a indemnización por los daños y perjuicios ocasionados”.
