Diputados dan luz verde a 30 días más de Régimen de Excepción

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Por: Redacción YSKL

Este régimen mantiene en suspensión, entre otros, el derecho a la defensa y a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, pero no la libertad de circulación

La Asamblea Legislativa de El Salvador, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, extendió por 30 días más el régimen de excepción aprobado el 27 de marzo pasado tras una escalada de los asesinatos atribuida a las pandillas.

La medida, que no fue discutida, se aprobó con 67 votos de los 84 diputados del Congreso, de amplía mayoría oficialista.

De acuerdo con el Gobierno, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 16.000 personas en la llamada “guerra contra las pandillas”, que cuentan más de 70.000 miembros.

Este régimen mantiene en suspensión, entre otros, el derecho a la defensa y a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones, pero no la libertad de circulación.

“Es necesario prolongar dicho régimen de excepción”, dado que la “ola de inseguridad” se mantiene “a pesar de las capturas y disminución de homicidios”, señala la solicitud del Gobierno de Bukele. De acuerdo con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, 17.000 de los detenidos se encuentran en cárceles y el resto en los calabozos de la Policía, mientras que a 6.000 de los capturados se les ha dictado prisión preventiva por parte del sistema judicial.

El Gobierno de Bukele ha llamado “guerra contra las pandillas” a las diferentes acciones implementadas durante el estado de excepción, que también contemplan la presencia policial y militar en colonias populosas dominadas por las pandillas y patrullajes en diferentes zonas.

Además de esta suspensión de derechos constitucionales, el Congreso ha aprobado reformas de diferentes leyes para el endurecimiento de penas a los pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.

También aprobó un paquete de reformas que castiga hasta con 15 años de cárcel “cualquier manifestación” que aluda al “control territorial” de las pandillas.

Esta última medida es denunciada por el gremio periodístico que la ha señalado como “reforma mordaza” y de “criminalizar” su labor, postura que organismos internacionales y el Gobierno de Estados Unidos comparten.

Las redes sociales, principalmente Twitter, han sido el medio por el cual algunos salvadoreños han denunciado capturas arbitrarias de familiares, en su mayoría hombres jóvenes, durante el estado de excepción, mientras que la prensa local ha reportado la muerte de 4 personas detenidas.

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HOMICIDIOS BAJAN, PERO «OLA CRIMINAL» SIGUE

El Gobierno de Bukele señaló en la solicitud de ampliación que, pese a haber controlado la ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días a finales de marzo, era necesario ampliar la suspensión de derechos constitucionales.

El Ejecutivo argumentó que la «ola criminal» se mantiene «a pesar de las capturas y la disminución de homicidios».

«Las medidas extraordinarias han tenido un exitoso resultado» y su suspensión «propiciaría un retroceso en los avances alcanzados», de acuerdo con el documento recibido la tarde del domingo por el pleno legislativo.

El régimen de excepción fue ampliado sin que los diputados hayan pedido al Gobierno un informe detallado de los resultados de la medida y sin aplicar medidas para atender las denuncias de abusos.

El diputado oficialista Numan Salgado, sin aportar ninguna prueba, acusó a la oposición de que «ya hizo sus números» con «280 mil votos para las próximas elecciones».

«Con eso pueden elegir diputados, alcaldes» y «a eso le apuesta la oposición, a buscar esos 280 mil votos de sangre».

El presidente Bukele reaccionó a esta declaración y publicó en Twitter: «Si queremos que nuestro país salga algún día del hoyo en que lo dejaron, la población honrada debe hacer un solo frente contra la oposición y sus votos de sangre».

Celia Medrano, defensora de derechos humanos y excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló este domingo que esta prórroga «confirma que la militarización de la seguridad pública se ha consolidado y será permanente».

«Evidencia que ante la mostrada inefectividad del llamado Plan Control Territorial, el Gobierno necesita permanentemente contar con la restricción de garantías y derechos para tratar de sostener la percepción de que está actuando frente a la criminalidad común», sostuvo en un mensaje compartido mediante una aplicación de mensajería.

Hasta antes de la ola de asesinatos de finales de marzo, el Gobierno de Bukele decía que mantenía el control del territorio y le atribuía la caída de los asesinatos, que venían bajando desde 2016, al plan gubernamental Control Territorial.

SIN ATENDER A LOS LLAMAMIENTOS INTERNACIONALES

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó a los funcionarios del Gobierno de Bukele por no dar cuentas de las denuncias de atropellos y de la muerte de al menos cuatro personas bajo custodia de las autoridades.

«Ningún funcionario o medio oficialista se ha pronunciado» por las «víctimas del régimen de excepción», dijo Ortiz en su intervención.

Agregó que «no se pueden dar poderes extraordinarios sin ningún contrapeso» y pidió resultados «más allá de simples números» de capturas y señaló que se debería de dar cuenta de si se resolvieron ya los más de 80 asesinatos que motivaron la medida extraordinaria.

A inicios de abril, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró su preocupación por las medidas tomadas en El Salvador, incluidas las que afectan a los menores de edad.

«Entendemos el desafío que supone para El Salvador la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia, pero esto debe hacerse con arreglo a la ley internacional de derechos humanos», señaló en rueda de prensa la portavoz de la oficina Liz Throssell.

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Estados Unidos también pidió a El Salvador rescindir el actual régimen de excepción «tan pronto como lo permita la situación» de violencia en el país, y le urgió a respetar los «derechos humanos» de todos los salvadoreños, incluidos los detenidos.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones humanitarias han recibido unas 200 denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad, principalmente por detenciones arbitrarias.

Organismos internacionales, como la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y organizaciones de DDHH nacionales han mostrado su preocupación por las medidas tomadas en El Salvador.

Los días 25 y 27 de marzo, los enfrentamientos de pandillas dejaron 87 muertos, según declararon las autoridades. Ante el aumento de su actuación criminal, el jefe de Estado salvadoreño les declaró la guerra y solicitó al Congreso, controlado por el oficialismo, decretar un régimen de excepción.

La Asamblea Legislativa aprobó el decreto el 27 de marzo y con esta normativa, se permiten las detenciones sin orden judicial y se hizo una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los integrantes de las pandillas.

El estado de excepción puede ser declarado en casos de guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otras calamidades generales, según la Carta Magna, pero solo permite su aplicación por 30 días que son prorrogables.