Por: Redacción YSKL
Un informe elaborado por la fundación Cristosal y respaldado por el Observatorio de Derechos Humanos (Human Right Watch, HRW, por sus siglas en inglés), dan cuenta que desde la aprobación del Régimen de Excepción en El Salvador, ha aumentado el número de detenciones arbitrarias.
Con base a denuncias, incluyendo de personas que podrían constituir en desapariciones forzadas de corta duración, y de la muerte de dos personas que se encontraban privadas de libertad.
Tamara Taraciuk Broner, Directora en funciones de Human Right Watch manifestó que la estrategia de seguridad ha permitido «abusos de las amplias facultades que concedió la Asamblea Legislativa».
El 24 de abril, los diputados extendieron por 30 días el régimen de excepción que suspende los derechos a la privacidad, la libertad de asociación y la libertad de reunión, así como varias garantías al debido proceso. El gobierno del presidente Nayib Bukele solicitó la ampliación argumentando que, si bien las medidas habían contribuido a responder a la ola de homicidios perpetrados por pandillas, las condiciones que propiciaron los hechos de violencia persistían. Según cifras oficiales, más de 20.000 personas han sido arrestadas desde el 25 de marzo, en muchos casos por el delito de pertenecer a “agrupaciones ilícitas”.
Los hallazgos preliminares de Human Rights Watch y Cristosal se basan en 43 entrevistas con víctimas, sus familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, así como en el análisis de fotografías, documentos judiciales y registros médicos que corroboraron sus testimonios.
Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), organización internacional integrada por reconocidos expertos forenses, analizaron algunas de las evidencias de abusos.
Al 26 de abril, ambas organizaciones estaban analizando más de 200 denuncias adicionales, incluyendo sobre más de 160 detenciones arbitrarias identificadas por Cristosal.
Procedimientos
Desde el 25 de marzo, policías y soldados han realizado decenas de redadas, sobre todo en comunidades de bajos recursos, durante las cuales han detenido a miles de personas. En 34 de los 40 casos de abusos sobre los que Cristosal y Human Rights Watch documentaron evidencia detenciones a personas en sus domicilios o en la calle. En 20 casos, las fuerzas de seguridad allanaron los domicilios de las víctimas sin presentar una orden judicial.
En la mayoría de los casos, los testigos señalaron que las fuerzas de seguridad no habían presentado una orden de captura, ni explicado los motivos de los arrestos. En once casos en que las víctimas preguntaron por qué estaban siendo detenidas, los agentes dijeron que “cumplían órdenes de arriba”. En algunos otros, los agentes habrían inspeccionado los cuerpos de las personas detenidas buscando tatuajes, al parecer como prueba de su supuesta participación en pandillas. Muchos entrevistados dijeron que sus familiares no tenían tatuajes o tenían tatuajes que no hacían alusión a las pandillas.
Señalamientos injustificados
En 12 de los 40 casos, testigos vieron a agentes de las fuerzas de seguridad tomar fotografías de las personas al momento de la detención. En algunos de estos casos, las fotografías fueron publicadas más tarde en las redes sociales de las fuerzas de seguridad. Las publicaciones acusaban a los detenidos de ser pandilleros o “terroristas”, antes de haber sido presentados ante un juez.
En cinco casos, los testigos indicaron que policías o soldados habían golpeado a las personas mientras estaban siendo detenidas. En cinco casos, los policías indicaron a familiares de las personas detenidas que ellos también serían detenidos si no “dejaban de hacer preguntas”.
Sin información del lugar de detención
En casi todos los casos, afirmaron los testigos, los detenidos fueron llevados a una estación policial cercana. Tan solo diez de los detenidos pudieron ver a sus familiares o hablar con ellos antes de ser trasladados a otra dependencia policial o a la cárcel. Veinticuatro estuvieron incomunicados por días o semanas.
La mayoría de los familiares de los detenidos indicaron que no habían sido informados sobre el paradero de sus seres queridos. En cinco casos, según los familiares, los agentes se negaron a brindar información sobre el paradero de los detenidos aun cuando sus familiares visitaron múltiples centros de detención para averiguar si estaban allí. En 19 casos, los familiares dijeron que todavía no saben dónde se encuentran sus seres queridos y no han podido comunicarse con ellos por días o, en algunos casos, semanas.
Muerte en detención
Human Rights Watch y Cristosal documentaron dos casos de personas detenidas durante el régimen de excepción que murieron bajo custodia. Medios de comunicación salvadoreños han informado sobre tres casos adicionales.
El músico Elvis Josué Sánchez Rivera, de 21 años, murió el 19 de abril luego de ser detenido el 3 de abril en Santa María Ostuma. Su familia indicó que, al momento de la detención, se dirigía a jugar fútbol con un amigo. No supieron el paradero de Sánchez Rivera hasta que las autoridades de un hospital les informaron que había fallecido el 19 de abril. Las autoridades no realizaron una autopsia, según dijeron sus familiares. Un informe del hospital señala que había sido trasladado desde un centro de detención e indica que murió por “hipertensión” y “muerte súbita”.
En fotografías de su cuerpo se observan lesiones.
Walter Vladimir Sandoval Peñate, un trabajador agrícola de 32 años, murió el 3 de abril. La policía lo detuvo el 30 de marzo en La Trinidad. Los familiares que presenciaron la detención dijeron que los policías lo detuvieron por pertenecer a “una agrupación ilícita”.
El 3 de abril, su familia acudió a la dependencia policial donde se encontraba detenido para llevarle agua y comida. Según un familiar, los agentes le dijeron que debía “regresar al día siguiente por la mañana para hablar con la persona que lo iba a defender”. Ese día, unas horas más tarde, un empleado de una funeraria se acercó al domicilio de Sandoval Peñate y les informó que había fallecido. Un informe del Instituto de Medicina Legal de El Salvador indica que murió debido a “trauma cerrado de tórax severo”. En fotografías de su cuerpo se observan múltiples contusiones.
