Ambientalistas: Tres años de Gobierno han permitido el regreso de la minería metálica en El Salvador

Imagen de referencia.
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Por: Redacción YSKL

En su balance de los tres años de Gobierno del Presidente Nayib Bukele, la Mesa Frente a la Minería Metálica en El Salvador, señaló este lunes que la actual administración ha dado paso a las actividades extractivistas pese a que el país suscribió una Ley contra las actividades mineras.

Luis González, integrante de la mesa señaló que el Río Lempa y otras cuencas hidrográficas del país, están en riesgo de contaminación con drenaje ácido de las minas que aún permanecen en estado de abandono, las cuales urgen de cierres técnicos, así como de una fuerte inversión en procesos de remediación ambiental en las comunidades donde se explotó oro y plata en el pasado.

En ese sentido, expusieron que el Estado ha inaplicado la normativa establecida en la Ley Contra la Minería Metálica. «Lejos de eso el gobierno impulsa acciones que van configurando cada vez más un escenario de apertura a la industria extractiva, como la exploración y explotación de la minería metálica, la cual utiliza grandes cantidades de agua en sus procesos industriales”, manifestó González. 

Además, manifiestan que la apertura se ha dado a través de distintas normativas legales y actuaciones gubernamentales, dentro de la que destacan la resolución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que declaran que “las aguas subterráneas no son de dominio público», sino que pertenecen a manos privadas.

En su comunicado expresan que las empresas extractivas que se dedican a la minería metálica son las que más explotan las aguas subterráneas. Lo que según ellos abre las puertas para el saqueo de aguas, minerales como el oro y la plata, y amenaza los cuerpos de agua subterráneas y superficiales, principalmente al Río Lempa.

Otras acciones preocupantes según la colectiva es la incorporación del Estado como miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible-IGF, un cónclave que enlaza a empresas dedicadas a estas actividades con Gobiernos en aras de explorar sus territorios.

Por lo que, piden al gobierno que cumpla e Implemente la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que realice los procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas por las actividades de exploración y explotación de minería metálica realizadas en el pasado; que rechace a la industria de la minería metálica, no permitiendo nuevamente la invasión de empresas extractivas en el país; que garanticen el derecho humano al agua, protegiendo las aguas subterráneas que posee el país de la contaminación y sobreexplotación que hacen las empresas extractivas, que renuncien a formar parte del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible.

González también exigió que el Estado de El Salvador su postura con respecto a la mina transfronteriza “Cerro Blanco”, la cual se ubica en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, a escasos 17 kilómetros de la frontera con El Salvador. La empresa minera a cargo de “Cerro Blanco”, se proyecta ser a corto plazo el proyecto de mayor extracción de oro y plata de Centroamérica, lo que significa otra amenaza para el Río Lempa.