Por: Redacción YSKL.
Tras 84 días de la aprobación del primer Régimen de Excepción en El Salvador, debido al incremento en las cifras de homicidios, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro informó este martes que solicitarán a la Asamblea Legislativa prorrogar por cuarta vez la estrategia y darle continuidad a las capturas de pandilleros.
La segunda prórroga venció a la media noche del 26 de mayo; la tercera finaliza este 24 de junio.
El funcionario aseguró que “es un hecho, esto es en respuesta a la demanda de la sociedad. Esta guerra la llevamos avanzada pero faltan capturas por hacer y campamentos que desarticular. Faltan herramientas que debemos utilizar”.
De acuerdo con Villatoro, el lanzamiento del Plan Control Territorial permitió al Estado preparar el escenario para la aplicación del Régimen, ya que aseguran que con la fase I y III lograron sacar a El Salvador de los países más violentos.
Las cifras oficiales arrojan que en el 2020 registraron un total de 1,334 homicidios; en 2021, 1,140 y en 2022 se contabilizan 404. “El 2021 superó en números positivos el 2020”, indicó el titular de Justicia.
Hasta el 19 de junio las autoridades presentaron un total de 41,346 capturas de pandilleros en todo el territorio.
“Nuestro enemigo es esa estructura que se repotenció por años por las política públicas fallidas por gobiernos anteriores”, aseveró el ministro.
Para la entrevista televisiva estatal, Villatoro indicó que dentro de las pandillas la más grande era la MS, y “fue contra quienes enfocamos todos nuestros esfuerzos, de esas 15 sillas que gobernaban la estructura, los 31 programas que tiene la MS a nivel nacional, 7 de esas sillas ya están tras las rejas”.
Por otra parte, el ministro resaltó que “a ningún país de América Latina le ha ido bien poniéndole atención a todos estos organismos internacional, que a lo que vienen es a diseñar estrategias para que nunca salgamos de las zozobras de la inseguridad como pueblos soberanos”.
Villatoro aseguró que “esta guerra ha sido con un total de respeto a los derechos humanos. No tenemos un escenario donde un 60 o 70% son letalidades. Sobre todo hay un sistema de garantías institucionales”.
Campamentos en zonas rurales
El titular de la cartera de Estado, explicó que desde el 2019, ya se notaba cómo algunos miembros pertenecientes a estas estructuras terroristas, al tener una acumulación de órdenes judiciales buscaban el área rural para ocultarse. “Ahora, al haber nosotros tomado el territorio donde ellos supuestamente ejercían una función coercitiva sobre nuestras comunidades, ellos están buscando la zona rural”.
El funcionario apuntó que “toda esta estrategia se ha montado sobre un estado de derecho que tiene peso y contrapesos a la actuación policial en el territorio, se somete esa actuación a control de la Fiscalía General de la República, esta analiza y valora. Cuando ellos determinan que no existen elementos emiten una orden de libertad y desisten en contra de una persona”.
Asimismo, aclaró que el 123 «no es un teléfono que funciona como un centro de emergencias. El tratamiento de la información del centro de llamadas lleva otro proceso, antes de enviar a una comisión para verificar una información, está todo el perfilamiento, indagación, base de datos, centros penales, respecto a la persona que nos han denunciado. Hay un protocolo de investigación previo a verificar”, detalló.
“No es algo que estamos manejando al azar. Nuestro principio en esta estrategia que es erradicar el fenómeno de las pandillas sigue siendo el mismo”, puntualizó.
