Por: Redacción YSKL
La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, Reem Alsalem, y Melissa Upreti Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), externaron su preocupación por el asesinato de Elizabeth de León, una defensora de derechos humanos de 55 años que murió de varias puñaladas el 22 de marzo de 2022.
Desde 2010, De León pertenecía al Movimiento Mujeres de Santo Tomás (MOMUJEST), que luchan por los derechos medioambientales y brinda apoyo psicológico, jurídico y humanitario a mujeres en situación de violencia.
«Niña Bety», como era conocida, habría sido asesinada con arma blanca por desconocidos en las cercanías de su residencia en el cantón San José Las Casitas municipio de Santo Tomás, San Salvador. La defensora de los derechos humanos habría sido llevada al hospital por miembros de su familia, pero habría sucumbido a sus heridas antes de llegar.
De acuerdo con Amalia López, Presidenta de la asociación, el crimen se trató de un feminicidio vinculado a su trabajo en los derechos humanos, puesto que ya habían vivido amedrentamientos que han conllevado a episodios de conflictos. «Fue un asesinato que, a mi criterio, no tiene nada que ver con delincuencia común o con violencia social, porque le asestaron dos puñaladas, una en la cabeza y una en el nivel del abdomen. Era, evidentemente, para matarla», dijo López a La Prensa Gráfica.
Ambas dependencias de la ONU informaron que aún no se ha recibido comunicación oficial del Gobierno de El Salvador. En ese sentido mostraron preocupación por la falta de avances en las investigaciones.
«Tememos haya estado directamente relacionado con su labor en defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres de su comunidad. Nos preocupa también la presunta falta de información sobre la investigación en el caso proporcionada a la familia de la defensora», señalaron las oficinas humanitarias.
Bajo ese contexto, instaron al Gobierno a que «adopte todas las medidas necesarias para investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas» y se tomen medidas para que los hechos no se repitan.
