Por: Redacción YSKL
Con 77 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron el artículo 8 de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, con el fin de mejorar las prestaciones en materia de salud que reciben los trabajadores estatales.
Bajo las modificaciones aprobadas, los beneficiarios podrán gozar de una licencia médica remunerada, aunque no hayan cumplido seis meses de trabajo o si están en periodo de prueba para optar por una plaza.
“Esta reforma es quitarle ese bloqueo de seis meses que tenía la ley para que los empleados públicos puedan gozar de su incapacidad con goce de sueldo, homologándola con el Seguro Social”, explicó el diputado de Nuevas Ideas, Edwin Serpas, uno de los promotores de las enmiendas.
Hasta la fecha, a un trabajador que no lleva ese tiempo laborando en una institución pública se le aplica un descuento en su salario por los días que permanece inhabilitado para cumplir con sus funciones, debido a una enfermedad o porque ha sufrido un accidente que le genere una incapacidad médica.
En contraste, los empleados privados sí reciben esta prestación desde el primer día que inicia sus labores en una empresa, como lo establece el reglamento del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La Comisión de Trabajo fue la que emitió el dictamen favorable para hacer la enmienda, tras analizar la iniciativa con representantes del ISSS y del Ministerio de Hacienda.
Una vez publicada esta actualización en el Diario Oficial, el artículo 8 quedará de la siguiente manera: “Los empleados de la administración pública, comprendidos en la presente ley, desde su contratación gozarán de licencia con goce de sueldo por incapacidad en casos de enfermedades, accidentes comunes, maternidad y riesgos profesionales, devengando la remuneración que les asigna su tipo de contrato y la normativa emitida para tales efectos por el Ministerio de Hacienda”.
De acuerdo al Decreto presentado por la bancada oficialista, se estima que 897 mil empleados componen la planilla de las instituciones de Gobierno, incluyendo las autónomas, la de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y Fiscalía General de la República (FGR).
