Por: Redacción YSKL
Esta semana, la Fiscalía General de la República (FGR), presentó la acusación formal contra cuatro ex militares, señalados del secuestro y posterior homicidio de cinco personas en el Cantón San Andrés, de la ciudad y departamento de San Miguel, el 7 de abril de 1981.
En la audiencia inicial que celebró el 18 de agosto de 2021, el Juez 4° de Paz de San Miguel, señaló que habían suficientes elementos de la masacre que constituyen crimen de lesa humanidad.
En dicha diligencia, se decretó instrucción formal para José de la Cruz Orellana, que también fue enviado a prisión. Mientras que José Inés Benavides Martínez y Luis Alonso Benavides Polio se le emita medidas sustitutivas a la detención, como el pago de una fianza económica de $20,000 cada uno, firmar cada 15 días en un Juzgado de Instrucción, no portar armas de fuego y no salir del país.
El último imputado, Ángel Aníbal Alvarado Benítez, paso siempre a la siguiente etapa del caso, para que el Juez de Instrucción decida su situación por no encontrarlo cuando se giró orden de detención y tampoco por acudir al citatorio que realizó el Juzgado 4° de Paz de San Miguel.
Al grupo de individuos se les procesa de Homicidio Agravado, Robo y Asociaciones Ilícitas, previstos y sancionados en el Código Penal de 1974.
“A todos se les menciona como parte de un grupo denominado como C2, pero la gente donde sucedieron los hechos los conocía como parte de un grupo que le llamaban ‘el escuadrón de la muerte’, eran conocidos en todo este lugar y mencionan que son responsables de varias muertes, no solo de estas sino de otros casos más que ocurrieron en todos los cantones que están alrededor del volcán de San Miguel”, aseguró el fiscal del caso.
Los imputados son acusados de los homicidios de Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña Castellón; quienes fueron privados de libertad el 7 de abril de 1981, en el cantón San Andrés del municipio y departamento de San Miguel.
Según el relato de los hechos, luego de darles muerte, sus cuerpos fueron localizados con señales de tortura en el cantón Caulotillo, del municipio de El Carmen en el departamento de La Unión.
Los respectivos fiscales afirmaron que se cuentan con elementos suficientes de prueba documental, pericial, testimonial y anticipos de prueba que permitirán acreditar la participación de los imputados en los hechos que se les atribuyen. La diligencia fue presentada ante el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel.
