En el marco del régimen de excepción y propuestas sobre la intervención a las telecomunicaciones, el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa aprobar más obligaciones a los operadores de servicio para la investigación de delitos.
La normativa ya tenía obligaciones, como el registro de todos los usuarios, incluyendo prepago, en caso que se requiera por investigaciones de delitos; además, entregar a la Fiscalía General de la República (FGR), cuando sea requerido, los datos de registro de línea o líneas telefónicas investigadas, registros de llamada y suspensión temporal de líneas.
Las reformas añaden obligaciones:
- Procedimientos y soluciones técnicas para almacenar imágenes de documentos y fotografías del usuario que contrate servicios que lo localicen geográficamente donde se realiza la venta y activación de servicio.
- Dar acceso a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) a plataformas o sistemas para gestión de incidencias con el usuario para conocer casos del proceso, resueltos y no resueltos.
- Contar con mecanismos para registrar y bloquear terminales móviles que posean reporte de hurto o robo.
- Aplicar procedimientos para identificar nombre o razón social de los originadores de las llamadas entrantes en todos los usuarios del servicio de telecomunicaciones.
De no acatar las obligaciones, implicará una infracción especial entre los 500 a 1,000 salarios mínimos mensuales del sector comercio.
