Por Redacción YSKL
Un estudio de la Corte de Cuentas de la República (CCR) destacó los hallazgos y beneficios que se obtendrían ante la disminución de 262 a 44 municipios.
La institución detalló un total de ocho beneficios que fortalecería la gestión municipal, entre los cuales, inicialmente, se menciona la reducción de gastos, la cual permitiría su reorientación en proyectos de infraestructura y de tipo social, mejorando la calidad de vida de la población.
De igual manera, la CCR menciona que se reducirían los riesgos de corrupción y despilfarro, lo cual permitiría que la institución minimice los costos de fiscalización, así como las auditorías con mejor calidad, oportunidad y eficiencia, puesto que se le facilitaría el uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo e identificación de riesgos.
Entre los recurrentes obtenidos con base a registros previos, se destaca el uso inadecuado de fondos de inversión, los casos en que se invertían fondos provenientes de préstamos en aspectos no relacionados con su objetivo inicial; la desactualización de registros contables de hechos económicos; obras pagadas y no ejecutadas, de mala calidad o sobrevaloradas, entre otros.
Los datos de la institución revelan que el monto patrimonial cuestionado al sector municipal, en el período de gestión que abarca desde el 1 de mayo de 2018 hasta el 30 de abril de 2021, suma un total de $167,627,631.91.
“Esto es con base en una muestra y a las unidades auditadas en esos períodos, períodos que han sido auditados hasta el 30 de abril de 2021, y que suman un monto de $167,627,631.91 dólares, una cifra sumamente importante que pudo haber sido invertida en obras de desarrollo de los municipios”, expresó el Presidente de la Corte, Roberto Antonio Anzora.
Asimismo, según detalla el informe, durante el 2022, se presentaron 9 avisos por irregularidades, ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que en el 2023, la cifra ascendió a 45, lo que totaliza 52, por un monto que asciende a $35,167,625.60 millones de dólares.
“Estos hechos detectados por la Corte de Cuentas, posiblemente han derivado en posibles ilícitos penales”, agregó Anzora.
Con base a esto, se registran una serie de posibles delitos que podrían atribuirse, como malversación de fondos, falsedad documental, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, entre otros.
Cabe destacar que la CCR presentó una sugerencia con relación al inciso 4, del articulo 5, de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, para “ampliar, incluyendo la obligatoriedad de qué los distritos implementen controles internos adecuados al tamaño de su estructura y necesidad así como facultar a la Corte de Cuentas De la República para que emitan los instructivos o reglamentos correspondientes”, cita la Corte.
Los datos fueron expuestos ante los diputados de la Comisión Política, de la Asamblea Legislativa, durante la sesión de estudio de la propuesta de normativa.
