Por: Redacción YSKL
El jueves, el Instituto de Medicina Legal entregó dos osamentas a familiares de víctimas de la masacre de El Mozote y Sitios Aledaños, perpetradas en 1981, el primer año de lo que se conoce como el conflicto armado de El Salvador.
Leonel Claros, de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de la Masacre de El Mozote (APDHEM), explicó que las víctimas corresponden a dos operativos ejecutados por el ejército: una víctima, identificado como José de la Paz Pereira, fue asesinado en el Caserío Toriles y otro, de nombre José de la Paz Ramírez, en Cerro Pando, a solo 2 kilómetros de el Cantón El Mozote, en Meanguera.
«Ellos son parte de un grupo de personas que habían sido asesinados en diversos lugares», indicó y detalló que su entrega se había prolongado por la realización de pruebas.
Indicó que sus restos fueron exhumados en 2016, por lo que estuvieron varios años en custodia de Medicina Legal, adscrita al Órgano Judicial.
Añadió que tienen «otros grupos de personas» cuyos restos han sido exhumados y que están «pendientes de entrega», pero que «esperamos que lo puedan entregar lo más pronto».
Guadalupe Hernández, abogada de Justicia Transicional de la organización humanitaria Cristosal, afirmó que la entrega se dio por orden del juzgado de instrucción que conoce la causa penal en el oriental departamento de Morazán.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledaños.
Por este hecho está siendo procesado un grupo de militares, entre ellos el exministro de la Defensa Guillermo García, por cargos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo, delitos elevados a la categoría de crímenes de guerra.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
