Por Redacción YSKL
El equipo de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) este miércoles, con el objetivo de que investigue los presuntos delitos que habría cometido el Viceministro De Justicia y Director General de Centros Penales, Osiris Luna.
En la denuncia, también se mencionan a funcionarios del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y otras personas vinculadas, “de acuerdo con investigaciones realizadas por diversos medios de comunicaciones”.
Con relación al ISTA, señalaron que se debe investigar la venta de propiedades costeras a $11 mil dólares, “sin explicaciones claras”.
La Jefa de dicho equipo, Ruth López, también detalló que perciben un posible incremento patrimonial de personas vinculadas al director de Centros Penales.
“Una socia, la titular, la propietaria de estos muebles que habían sido otorgados de manera digamos ‘no clara’, irregular, tendría que determinar la Fiscalía General de la República, pero no clara, y por lo tanto, esta persona tiene un beneficio patrimonial a partir del bajo costo, con el cual se obtuvo estos inmuebles”, dijo López.
Asimismo, añadió que diversos medios han reportado que privados de libertad realizan proyectos en beneficio de “individuos particulares” por parte de Luna, lo cual no ha sido justificado, y podría implicar “el delito de ‘utilización delictiva de personas en situación de vulnerabilidad’ y otros como actos arbitrarios o malversación de vehículos estatales para fines personales”.
Cristosal señaló que al hacerse públicas las obras, se dio a conocer que los inmuebles serían donados al Estado “en previsión de inversión pública en una supuesta planta desalinizadora de agua”, proyecto que, afirmaron, se encuentra en pausa.
También señaló que las investigaciones fiscales deben determinar si los funcionarios involucrados cometieron encubrimiento o si formaron parte de un plan para su propio beneficio, “lo que podría considerarse como agrupaciones ilícitas”.
Con la denuncia, esperan que la FGR inicie las investigaciones, y, posteriormente, procedimientos penales contra quienes determine que han ocasionado “un grave daño al patrimonio público”. Asimismo, afirmaron que es necesario realizar un proceso para detectar a los responsables individuales, junto con otros posibles infractores.
