Calixto Mejía pide a juez cumplir la resolución de medidas alternas a la detención a su favor

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Por: Redacción YSKL

Este lunes, el Juzgado 3° de Instrucción desarrolló una audiencia especial a petición del ex diputado y ex ministro de Trabajo, Calixto Mejía. El ex funcionario es procesado por lavado de dinero y activos y Enriquecimiento Ilícito.

El abogado defensor de Mejía, Amílcar Cardona, aseguró que el imputado adolece de al menos ocho enfermedades, que le exigen medicación y observación médica.

«Hay dos que son muy delicadas, se les había permitido atención médica por su condición crítica, pero hace tres meses no se le practica análisis. Por otro lado, el señor Mejía es lisiado de guerra y tiene diferentes esquirlas, debido a la evolución de su edad, una de ellas está causado serias lesiones, ya un traumatólogo recomendó realizarse cirugía porque le impide la movilidad normal de su cuerpo», explicó el jurista.

El pasado 23 de Julio, Mejía cumplió los dos años de detención provisional, y que desde esa fecha debió salir libre adoptando medidas cautelares. Sin embargo, hace 40 días se determinó ponerle un brazalete, pero esto no se ha realizado.

Por estos motivos, la parte defensora ha solicitado al juez que otorgue las medidas alternas a la detención, mientras se dirime el proceso en contra de Mejía.

«La jueza emitió una resolución el 21 de julio para que se ordenara la libertad, con la adopción de tres medidas cautelares: arresto domiciliar, que venga a firmar una vez por semana y que no deje el país. Hay un procedimiento policial que la PNC hace una revisión de la vivienda para ver si cumple los requisitos y después el director de la Policía propuso que no hubiera arresto domiciliar si no que un brazalete», relató Cardona.

Además de Mejía son procesados una docena de ex funcionarios de la administración del ex presidente Mauricio Funes.

Según el dictamen de acusación, los ex miembros del gabinete recibieron remuneraciones fuera de la ley de salarios. Los fondos, según el expediente provenían de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial.

La mayoría de acusados están en arresto domiciliario y otros obtuvieron medidas alternas a la detención. La mayoría acordó someterse a procedimiento abreviado, es decir, confesar los delitos a cambio de que se conmute la condena.

Cardona cuestionó que no se le haya dado el primer beneficio a su cliente, pese a haberlo solicitado en Audiencia Preliminar.

 «Habíamos solicitado (el procedimiento abreviado) hace 14 meses, íbamos avanzado y la Fiscalía a última hora dijo que no aceptaba, las razones que dio eran inverosímiles, porque los demás acusados son procesados por los mismos delitos», señaló.

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Sobre el proceso

El expediente se denominó «Operación Desfalco», que proviene del caso Saqueo Público, en el que se acusa al expresidente Mauricio Funes, exfuncionarios y familiares de la sustracción de $351 millones del erario público.

La Fiscalía General de la República (FGR) los procesa por los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero y Activos, esto debido a que, supuestamente recibieron pagos adicionales a su salario (sobresueldos), durante el mandato de Funes.

La tesis del ministerio público indica que los acusados, cometieron el delito de enriquecimiento ilícito cuando se les dio una especie de estipendio, fuera de los esquemas legales, que provenían de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia; por otro lado, el dictamen los señala que incurrieron en el delito de lavado porque los fondos no eran declarados ante el fisco.

  • Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda: por recibir $210,000.
  • Elvia Violeta Menjívar Escalante, ex viceministra de Salud: $177,000
  • Hugo Alexander Flores Hidalgo,ex viceministro de Agricultura: $174,000.
  • Erlinda Hándal Vega, ex viceministra de educación, ciencia y tecnología: $162,000.
  • Calixto Mejía Hernández, ex vice ministro de trabajo: $208,000.
  • Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas: $290,000.
  • Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente: $177,000.
  • Belarmino López, exministro de Agricultura: $565,000.
  • Salvador Sánchez Cerén, ex vicepresidente de la República: $530,000
  • Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública: $150,000.

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