Por: Redacción YSKL
Con 75 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este domingo, decretar Estado de Emergencia a nivel nacional, ante la amenaza de la llegada de la “Tormenta Tropical Pilar”, con base a un informe de la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El decreto estará vigente por un plazo de 15 días, y faculta las diferentes instituciones de Gobierno a administrar los fondos y realizar los traslados de los mismos «con la finalidad de presaber y mitigar los efectos de la Tormenta Tropical Pilar, de conformidad con la ley».
Asimismo, podrán realizar adquisiciones y «promover los procesos de compra necesarios para la emergencia, de manera ágil, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 literal E, de la Ley de Compras Públicas».
También se exonerará del cobro de impuestos a las donaciones enviadas para atender a las personas afectadas.
Los parlamentarios fueron convocados a una Sesión Plenaria Extraordinaria, por petición del Presidente de la República, Nayib Bukele, con base al artículo 24 de la Ley de Protección Civil, el cual establece que “la Asamblea Legislativa por medio de decreto podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el Presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.
Para ello se debe tomar como base la evidencia del riesgo o peligro y la ponderación que le haga al respecto el Director General.
“Si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida podrá el Presidente de la República decretar el Estado de Emergencia, debiendo informar posteriormente al Órgano Legislativo. El decreto de Estado de Emergencia no implica la suspensión de las garantías constitucionales. La Asamblea Legislativa o el Presidente de la República, en su caso, decretará el cese del Estado de Emergencia”, añade el artículo.
Otra de las disposiciones va enmarcada a que la población en zonas vulnerables deberán evacuar según lo que dispongan las comisiones de Protección Civil. La entidad está obligada a abrir más albergues según lo dispongan las condiciones climatológicas.
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas deberá hacer tareas de remoción de escombros y rehabilitación de infraestructura dañada por las lluvias.
La Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y los diferentes cuerpos de socorro deberán participar, ágil y oportunamente, en la evacuación de personas. Además, las instituciones de seguridad deberán garantizar la protección de los bienes de los damnificados.
En las actividades que se realicen para atender la emergencia se deberán adoptar todas las medidas sanitarias que indique el Ministerio de Salud.
El decreto también autoriza a las diferentes instituciones de Gobierno para administrar los fondos y hacer traslados de los mismos para mitigar los efectos de la tormenta tropical, de acuerdo a la ley.
Las instituciones también podrán hacer las adquisiciones y procesos de compras necesarios para atender la emergencia de forma ágil, según lo que establece la Ley de Compras Públicas.
Todas las compras que se realicen en este contexto serán auditadas por la Corte de Cuentas de la República.
Los parlamentarios también exoneraron del pago de todo tipo de impuestos a las donaciones que se realicen a las instituciones públicas para atender los efectos de la emergencia.
Horas antes de la declaratoria de Estado de Emergencia, la Dirección General de Protección Civil activó la alerta roja a nivel nacional por las lluvias.
La institución informó que cuenta con más de 100 albergues equipados en todo el país.
Por su parte, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases presenciales y virtuales, a escala nacional, entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. La medida se aplicará en las escuelas, colegios y universidades públicas y privadas.
