![Radio Cadena YSKL 104.1 FM - 770 AM](https://radioyskl.com/wp-content/uploads/2019/04/yskl.png "YSKL \")
Por: Redacción YSKL
Este lunes, el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel, desarrolló la vista pública en contra de un supuesto escuadrón de la muerte acusado del asesinato de 5 civiles en 1982 en el cantón San Andrés, de la referida localidad.
Los procesados son: José de la Cruz Orellana, Luis Alonso Benavides Polío, José Inés Benavides Martínez y Ángel Aníbal Alvarado Benítez.
Sin embargo y por tercera ocasión consecutiva, la diligencia fue suspendida. La primera suspensión tuvo lugar el 15 de mayo 2023 y la segunda, el 14 de agosto del mismo año.
Para David Morales, Jefe de Justicia Transicional de Cristosal, organización que acompaña este proceso, «es lamentable» que a 42 años de la masacre, los familiares de las víctimas aún no encuentran resolución.
«Uno de los defensores, argumentó que sus testigos estaban fuera del país. En segundo término, falló el apoyo de la Corte Suprema de Justicia para garantizar la comparecencia virtual de los imputados. El sistema ha fallado, a partir de la Corte Suprema y su dirección de Desarrollo Tecnológico, pareciera que se sigue dilatando la justicia», señaló.
«Son ocho meses de suspensión, y este caso es histórico porque se procesa a un escuadrón de la muerte, después de los acuerdos de paz, es inaceptable que tanto tiempo transcurra, sin llevarse a cabo la vista pública», añadió.
Los hechos ocurrieron en febrero de 1981 en el cantón San Andrés en San Miguel. Las víctimas son: Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón.
De acuerdo con la acusación, las víctimas fueron sacadas de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.
Una de las víctimas era el presidente de una cooperativa local, la esposa era una maestra y ambos eran catequistas del cantón San Andrés. Las otras dos víctimas eran estudiantes, jornaleros y otro miembro de la cooperativa “pero ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces, ni mucho menos con el conflicto armado”, indicó la Fiscalía en su momento.
Supuestamente un “oreja” dio información sobre ellos al C2, una estructura paramilitar que ha sido relacionada con los escuadrones de la muerte. Las cinco personas fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato, el 7 de abril de 1981.
Fueron encontradas en el municipio El Carmen, a un costado de la carretera a San Alejo, La Unión y algunas estaban mutiladas. Sus cuerpos tenían lesiones de bala y de tortura, según la investigación.
La acusación es en contra de José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavidez Polío, José de la Cruz Orellana Iglesias y Ángel Anibal Alvarado Benítez, este último conocido como “El Chele Aníbal”, quien está prófugo.
En su paso por tribunales, un juez de paz declaró los delitos como lesa humanidad, que elimina la prescripción. A todos se les acusa por los delitos de privación de libertad, asesinato, robo y agrupaciones ilícitas.
Este caso sienta un precedente ya que es el primer caso por delitos de Lesa Humanidad que va a juicio, después de que la Sala de lo Constitucional dejara sin efecto la Ley de Amnistía en 2016, declaró Morales.
