Por: Redacción YSKL
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este martes, con 66 votos a favor, la nueva Ley Especial para la Comercialización, Registro y Protección de la Propiedad del Café con el objetivo de regularizar dicho rubro en el país, así como facilitar la comercialización del café para un mejor precio.
Con la iniciativa se busca actualizar el marco normativo vigente, en lo referente a los actos de comercio entre sectores agroindustriales de la caficultura de El Salvador y potenciar el sector.
La ley permitirá proteger la comercialización interna y externa del café hasta el estado oro, además de regular los registros y actividades para la tutela de derechos y obligaciones de los agentes involucrados en la caficultura.
La normativa contempla que el Instituto Salvadoreño del Café (ISC) establecerá el promedio de costo de transformación y un Registro de Contratos, además vigilará los precios de venta en el exterior, para fines estadísticos. Esto implica que cafeterías y todos los relacionados al rubro cafetalero deberán de presentar información del consumo interno al instituto, para fines estadísticos.
El diputado presidente de la mesa de trabajo de la Comisión Agropecuaria, Ricardo Rivas, detalló que la modernización de la nueva normativa vendrá a robustecer al sector, con la que se va a beneficiar el parque cafetalero.
“El 80 % de los caficultores son pequeños y con la nueva ley se les facilitará la comercialización del café para un mejor precio, además se evita que el intermediario se lleve la mayor tajada, ya que estará regulada la venta del café”, destacó el legislador de Nuevas Ideas.
El ISC será la entidad que regule el precio del café bajo precios del mercado internacional. Además, en el proyecto se establece que el ISC facilitará información estratégica del mercado del café a nivel nacional e internacional, fortaleciendo las relaciones comerciales en el sector cafetalero.
También, se requerirá para las operaciones de comercialización de café que el comprador exija la acreditación de la inscripción en los registros establecidos en la propuesta de ley.