Por Redacción YSKL
René Alonso Orellana, el concejal municipal de Santa Ana Oeste recientemente destituido, negó las acusaciones de impago de cuotas alimenticias y afirmó que está solvente ante la Procuraduría General de la República. Afirmó que cuenta con pruebas que respaldan su situación financiera y que su hija, quien reside en Estados Unidos, no depende de él económicamente.
«Yo en mis manos tengo la prueba de que estoy solvente, estoy solvente, pero yo creo que el hecho de que ahora hizo el personaje que está gobernando ahora fue una cobardía y una bajeza total, quererme exponer en unas redes sociales en vivo, cuando ustedes han visto ahorita que yo ya presenté que estoy a cero de la deuda. Mi hija, bendito sea Dios, tiene una estabilidad económica… no vive en el país, ella vive en Estados Unidos, tiene 27 años», señaló.
Aunque no mencionó nombres directamente, sugirió que su destitución podría estar relacionada con conflictos políticos internos y acusó a otros miembros del Concejo de mantener puestos remunerados en distintos distritos municipales, como es el caso del alcalde, Jorge Castro.
«No lo estoy asegurando, pero si usted habla del Concejo que lleva el personaje este, la mayoría del Concejo van a tener jefaturas en los distritos, cosa que él no dijo, cosa que él no dijo. Él habló de quitarnos la dieta, yo fui el primero en decir «Yo me la quito, la dieta, no hay problema, no quiero vivir de esto»; y los concejales de él renuncian a la dieta, pero se van a quedar a cargo de distritos», dijo.
Además, Orellana criticó las acciones de Castro y cuestionó su transparencia en la gestión municipal, señalando que otros concejales también reciben beneficios económicos aparte de su salario.
«Una persona que me voy a omitir, el nombre, va a estar allá en Santiago de La Frontera; el otro va a estar ahí en Chalchuapa. Eso significa que ellos siempre van a estar comiendo del pueblo, solo fue la pantomima de que se quitaron la dieta, pero ellos van a quedar con un puesto dentro de las Municipalidades ahora distritos (…) Ahora si hablamos de baño de pureza, pues tendría que examinar varios de los que están en el Concejo; ahí hay un personaje que ha sido demandado muchísimas veces», mencionó.
Según sus afirmaciones, estos individuos aún reciben beneficios económicos indirectos a través de asociaciones municipales y otros mecanismos, lo que contradice su supuesta renuncia a los beneficios económicos del Concejo.
«Hay muchas personas que creen que ellos, él, va a ganar $500 dólares, y eso es totalmente falso, te explico porque es totalmente falso, porque siempre va a recibir una dieta de ASEMUSA (Asociación Ecológica de los Municipios de Santa Ana). ASEMUSA es donde dan una dieta de $500 dólares por cada reunión y hacen cuatro, significa de que va a tener $2 mil dólares, y esas cosas son las que él quería que no se supieran. Ahí ya vamos sumando $2,500; más creo que el plan trifinio, es una dieta de $300 dólares por reunión, y hacen dos, es otros $600 dólares», detalló.
A pesar de eso, afirmó que continuará trabajando por las comunidades y que no se dejará intimidar, e incluso expresó su intención de buscar la reelección en el futuro.
Tras dichas declaraciones, el edil de Santa Ana Oeste se pronunció a través de su cuenta de X, donde compartió un oficio emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el cual se da a conocer que Orellana se encuentra «cesado a partir de marzo de 2023, pero continúa pagando mora existente».
«Deben saber que el Concejal separado René Alonso por años no le dio nada a su hija y pagó justo en la fecha para poderse inscribir como Concejal /2023, pero tan pronto pago y se inscribió ya no pago las del 2024. ¿Lo pueden corroborar en un escrito que presenta en redes de fecha 2023 nada más, y el 2024? No me cabe la menor duda que pagará muy pronto las cuotas 2024 porque quiere volver a satisfacer su ego de ser Concejal y no por amor ni por su responsabilidad de padre», enfatizó Castro.
La información fue entregada al TSE por parte de la PGR, pese a que dicho trámite debía ser efectuado por la Junta Electoral Departamental, por lo que se aclaró que estas habían culminado con sus funciones para la fecha en que la institución recibió el informe.
En ese sentido, también se hizo mención que «aquellos funcionarios electos que estén en mora en el pago de la pensión alimentaria no podrán tomar posesión de sus cargos siendo sustituidos por los respectivos suplentes, mientras persista la insolvencia».
