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Por Redacción YSKL
Cristosal presentó este miércoles una investigación titulada «El Silencio No Es Una Opción», el cual expone alrededor de 3,643 denuncias por abusos o violaciones a derechos humanos, registradas entre marzo 2022 y abril 2024.
El informe detalla que las denuncias más comunes incluyen detención arbitraria, con un 96.6% de los casos; allanamiento ilegal de morada, con un 25.7%; malos tratos, con un 9.9%; y otros tipos de violencia como desplazamiento, alcanzando un 3.4%.
Cristosal percibe un «abuso de poder extremo» en casos como la «militarización de comunidades con activismo en la defensa de los derechos y bajos índices de violencia», así como la detención de defensores de derechos humanos, comunicadores y líderes locales. También se mencionan presuntos casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes por parte de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
El informe indica que los derechos de la niñez se han visto vulnerados, mencionando el encierro permanente, la adquisición de enfermedades comunes en las cárceles y la falta de servicios preventivos de salud. Aproximadamente 62,022 niños y adolescentes menores de 15 años podrían haber sufrido alguna modalidad de abandono, y 176 hijos de personas detenidas quedaron en orfandad por la muerte de sus padres.
Testimonios de mujeres ex privadas de libertad revelan que han sido víctimas de violación y abuso, y algunas fueron forzadas a prestar servicios sexuales a cambio de alimentos, medicinas y ropa. En cuanto a las evaluaciones forenses, el reporte señala la falta de correlación entre la historia, el levantamiento de cadáver, las autopsias médico-legales y la información brindada por las familias. Además, en algunos casos de personas que murieron hospitalizadas, no se realizaron informes médicos forenses adecuados.
El 97.2% de las personas detenidas fueron imputadas solo por agrupaciones ilícitas, mientras que el 2.8%, es decir, 34 personas, fueron imputadas por otros delitos como homicidio, lesiones agravadas o violación sexual.
La investigación también critica a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), acusándola de ejercer una «política de silencio» al no contar con resoluciones finales, no velar por el cumplimiento de medidas cautelares y no brindar un posicionamiento público en favor del régimen.
