Por Redacción YSKL
El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) solicitó a las autoridades educativas cumplir con el artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente, que establece una nivelación salarial cada tres años.
Desde 2020, dicha nivelación no ha sido aplicada.
Francisco Zelada, secretario de organización de SIMEDUCO, instó al Ministro de Educación a incluir una propuesta de incremento salarial en el presupuesto de 2025.
«El día de ayer, el señor Presidente de la República informó que, por primera vez, el Presupuesto General de la Nación se presentará de manera completamente financiada, ¿verdad? Eso es una buena noticia, y exhortamos al señor Ministro de Educación a que presente una propuesta de incremento salarial para que sea incorporada en el presupuesto de educación. A partir del año 2025, podríamos recibir ese incremento salarial, que, al final, es una nivelación que debe aplicarse a los educadores cada tres años», dijo el dirigente de la asociación de trabajadores.
El sindicalista, también se refirió a resoluciones que ha emitido la Procuraduría de los Derechos Humanos por el despidos que ellos consideran injustificados.
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Argumentó que, debido a la inflación y al incremento en el costo de la vida, los educadores deberían recibir un aumento del 28%. Señaló que han pasado más de cuatro años sin ajustes salariales, a pesar del impacto económico que enfrenta el país.
Por otro lado, el sindicato también denunció despidos que consideran injustificados y señaló que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha emitido resoluciones favorables en algunos casos.
En ese sentido, Zelada mencionó los casos de Saúl Alexander Rosales Vázquez y José Daniel Rodríguez González, quienes han recibido apoyo de la Procuraduría en sus procesos.
Al respecto, añadió que el sindicato está a la espera de que otras instituciones del país se pronuncien sobre estos despidos.
«De no resolverse esta problemática, procederemos con las denuncias a nivel internacional, incluso buscando el pago de la responsabilidad civil a aquellos funcionarios que han actuado de manera arbitraria, y también que se condene al Estado por las graves violaciones a los derechos sindicales y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la protección de los directivos sindicales, la estabilidad laboral y las libertades sindicales», agregó.
