Por: Redacción YSKL
Una marcha iniciada desde el Bajo Lempa, Usulután, culminó este martes en Casa Presidencial, en San Salvador, con un reclamo por parte de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción. El movimiento, realizado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, buscó llamar la atención sobre las condiciones de los privados de libertad y las afectaciones a sus familias.
Desde el pasado lunes, los participantes recorrieron kilómetros con una consigna: exigir que se les permita visitar a sus seres queridos, quienes llevan meses encarcelados sin acceso a sus familiares ni comunicación directa. “Caminamos por los inocentes que están sufriendo dentro de los penales y por sus hijos, hijas y familias que también están siendo castigadas”, expresaron durante la marcha.
El principal reclamo de los manifestantes es el acceso a sus familiares detenidos, muchos de los cuales llevan meses sin recibir visitas. Denunciaron que desconocen el estado físico y de sus parientes desde que se implementó el régimen de excepción en marzo de 2022. Además, señalaron incumplimientos de resoluciones judiciales por parte de las autoridades penitenciarias, agravando el sufrimiento de los familiares.
“El director de Centros Penales, Osiris Luna, junto con otros funcionarios, ha adoptado prácticas arbitrarias que violan los derechos básicos de los privados de libertad y sus familias”, declararon.
El régimen de excepción, que entró en vigor en marzo de 2022, se estableció con el objetivo de combatir la criminalidad en El Salvador. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han señalado que, bajo estas medidas, se han llevado a cabo detenciones arbitrarias y presuntas torturas dentro de los centros penitenciarios. Informes internacionales, como los de Amnistía Internacional, también han denunciado estas prácticas.
Las familias aseguran que muchas de las detenciones se han realizado sin pruebas sólidas, afectando a personas inocentes. Durante la marcha, se destacó el caso de exconcejales de Zacatecoluca, quienes recibieron medidas alternas a la detención hace un año, pero aún no han sido liberados por Centros Penales.
Tras llegar a Casa Presidencial, una comitiva de los manifestantes fue recibida por funcionarios. Aunque los detalles de esta reunión no han sido divulgados, los familiares reiteraron su exigencia de que se respeten los derechos de los detenidos y se facilite el acceso a visitas. También demandaron la liberación inmediata de quienes permanecen encarcelados sin justificación.
La caminata, denominada “Por una Navidad sin presos ni presas inocentes, víctimas del régimen de excepción y la persecución política”, fue un acto simbólico que buscó visibilizar la angustia de las familias afectadas.
Aunque la marcha concluyó, los familiares advirtieron que continuarán presionando para que se respeten los derechos de los detenidos y se corrijan las prácticas que consideran arbitrarias. También instaron a las autoridades a cumplir con las resoluciones judiciales pendientes y garantizar un trato digno a los privados de libertad.
La situación refleja una creciente tensión entre las políticas de seguridad del Gobierno y las demandas de quienes han sido afectados indirectamente por estas medidas. Mientras tanto, las familias esperan que sus reclamos sean escuchados y atendidos de manera efectiva.
