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Por Redacción YSKL
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha recibido varias iniciativas del Ministerio de Hacienda para otorgar garantías soberanas a contratos de préstamo suscritos por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Una de las propuestas más significativas es la autorización para que el Órgano Ejecutivo otorgue una garantía soberana al Contrato de Línea de Crédito Revolvente No. 2309, firmado el 30 de noviembre de 2022, por un monto de hasta $100,000,000.
Este financiamiento está destinado a cubrir las necesidades de capital de trabajo de la CEL. La propuesta establece un plazo de hasta cinco años, con un período de gracia de hasta dos años para el pago de capital. La amortización se realizará mediante cuotas mensuales, y se aplicará una tasa de interés revisable semestralmente.
Otra iniciativa busca garantizar un préstamo de hasta $57,500,000, suscrito el 8 de junio de 2012, para el financiamiento del Proyecto «Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre». Este préstamo tiene un plazo de quince años, con un período de gracia de hasta cuatro años.
Además, se propone una garantía para un préstamo de hasta $125,000,000, firmado el 24 de septiembre de 2015, para el financiamiento del Proyecto «Construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral». Este contrato tiene un plazo de veinte años y un período de gracia de hasta cinco años.
También se considera la garantía para un préstamo de hasta $163,000,000, suscrito el 19 de septiembre de 2008, para la instalación de una central hidroeléctrica en el río Torola. Este préstamo tiene un plazo de veinte años y un período de gracia de hasta cuatro años.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda ha solicitado la garantía soberana para un préstamo de hasta $50,000,000 que el Fondo Social para la Vivienda (FSV) suscribirá con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este préstamo tiene como objetivo financiar el «Programa de Financiamiento para Vivienda Social, Inclusiva y Sostenible», con un plazo de hasta veinticinco años y un cronograma de amortización que comenzará a los seis meses de la firma del contrato.
Todas estas propuestas deberán ser aprobadas por la Asamblea para su validez y, de ser así, entrarán en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial.
