Por Redacción YSKL
El presidente Nayib Bukele reaccionó este domingo al plantón realizado por organizaciones sociales y ambientalistas frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), en rechazo a la reciente aprobación de la Ley General de Minería Metálica.
El mandatario minimizó el impacto de la protesta y señaló que contó con el respaldo de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, universidades, iglesias y grupos activistas, además del apoyo de medios de comunicación.
“Llevaron a cabo una campaña de un mes en los principales medios de comunicación y las redes sociales, contaron con el apoyo de los medios de comunicación más poderosos del país, eligieron un día festivo (el domingo) para que nadie tuviera que trabajar, organizaron actos preparatorios y más. Esto es lo que lograron”, expresó en una publicación en redes sociales, sugiriendo que la manifestación no tuvo una amplia convocatoria.
Además, vinculó a las organizaciones con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), aludiendo a un supuesto financiamiento externo al expresar que “está claro que no hay oposición sin dinero de USAID”, aunque no se ha confirmado si las entidades participantes recibían apoyo de dicha agencia.
La manifestación, organizada por colectivos ambientalistas y estudiantiles, exigió la reinstauración de la prohibición de la minería metálica, argumentando que su impacto ambiental pone en riesgo los recursos hídricos y la calidad de vida de las comunidades. Voceros de las organizaciones insistieron en la necesidad de movilización para revertir la medida y detener la persecución contra ambientalistas.
El 23 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la nueva Ley General de Minería Metálica, derogando la prohibición establecida en 2017. La normativa permite la extracción de minerales bajo regulación estatal y prohíbe el uso de mercurio, salvo en su tratamiento dentro de los procesos.
El gobierno ha defendido la reactivación minera como una oportunidad económica para el país, mientras que sectores ambientales advierten sobre el riesgo de contaminación y afectaciones a comunidades cercanas a los proyectos.
