Por Redacción YSKL
El informe bimestral del Sistema de Monitoreo de Libertades Cívicas, correspondiente a noviembre y diciembre de 2024, elaborado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), señala una persistente restricción en el espacio cívico en El Salvador, con casos de estigmatización, descrédito y acoso a periodistas, comunicadores, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Según el monitoreo realizado por FESPAD, se registraron 142 casos en el período evaluado. La mayor cantidad de afectaciones corresponden a la libertad de expresión, con 72 registros que representan el 50.70 % del total. Le siguen la libertad de asociación, con 44 casos (30.99 %), y la libertad de reunión pacífica, con 26 casos (18.31 %). En este contexto, el boletín de la fundación señala que «febrero y octubre han sido los meses con más casos registrados».
El informe también destaca que la mayor cantidad de agresiones provino de funcionarios públicos, con un 54 % de los eventos identificados. En este grupo, los diputados fueron señalados por emitir discursos estigmatizantes contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Además, se reportaron casos atribuidos a la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y otras instituciones, según el estudio de FESPAD.
Entre los eventos documentados, el 48.6 % corresponde a ataques, seguidos por medidas violatorias, investigaciones y acusaciones indebidas, restricciones a manifestaciones pacíficas, excesos regulatorios y casos de acoso.
Uno de los incidentes destacados fue la no renovación de las credenciales de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) por parte del Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, a pesar de que la organización asegura haber cumplido con los requisitos legales. Según FESPAD, este hecho evidencia una posible restricción a la libertad de asociación.
El monitoreo también menciona la falta de participación ciudadana en la formulación de políticas públicas, con especial referencia a iniciativas como la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, la reactivación de la minería y las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Sobre la Ley de Protección de Datos Personales, el informe advierte que podría generar «procesos judiciales contra periodistas» por la eliminación de noticias relacionadas con funcionarios públicos.
En cuanto a la aplicación del régimen de excepción, el boletín de FESPAD señala que su extensión ha generado «un clima de censura, intimidación y miedo» en la sociedad civil, aunque reconoce que la prórroga no limita formalmente las libertades analizadas en el informe.
El Sistema de Monitoreo de Libertades Cívicas, implementado por la fundación, es una plataforma dedicada a registrar y analizar las afectaciones al derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica en el país. La información es recopilada a partir de fuentes digitales, documentos oficiales y entrevistas con personas afectadas.
