Por Redacción YSKL
En el contexto del trigésimo segundo aniversario de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad, los representantes de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador expresaron su preocupación por los retrocesos democráticos en el país.
Las organizaciones destacaron que la guerra civil dejó miles de víctimas, principalmente a causa de las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado y los escuadrones de la muerte.
Según su declaración, «la guerra generó miles de víctimas, fundamentalmente, por responsabilidad directa de los cuerpos de seguridad del Estado, los escuadrones de la muerte y, en menor medida, las organizaciones guerrilleras».
A lo largo de su trabajo, la Comisión de la Verdad recibió más de 22,000 denuncias de violaciones a derechos humanos.
El pronunciamiento también hizo referencia a la impunidad histórica, destacando el caso de la masacre ocurrida en 1932, cuando el ejército nacional asesinó a cientos de personas en el occidente del país.
La Comisión Pro-Memoria Histórica señaló que, a casi 100 años de estos hechos, no ha habido investigación ni castigo para los responsables.
En cuanto al conflicto armado, criticó la implementación de la Ley de Amnistía General en 1993, que, según afirmaron, facilitó la impunidad para quienes cometieron graves crímenes.
«La búsqueda de la impunidad pretende dejar sin castigo a los actores directos y a los financistas que alimentaban el aparato organizado de poder que masacró, torturó y desapareció a miles de personas», agregaron.
En este sentido, indicaron que se percibe que el Estado sigue utilizando el Órgano Judicial para proteger a los responsables.
El pronunciamiento también subrayó que, en la actualidad, las élites políticas y económicas continúan controlando el país, lo que ha dado lugar a graves retrocesos democráticos.
Al respecto, mencionaron la «eliminación de facto de la división de poderes, el aumento visible de la corrupción, el cierre de los espacios de contraloría ciudadana, acelerado proceso de militarización, persecución de defensores de derechos humanos y criminalización de las voces disidentes del discurso oficial», destacando que «en El Salvador está prohibido cualquier discurso público que no respalde las ideas del gobierno».
Por otro lado, expresaron que las víctimas, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos siguen luchando contra la impunidad, exigiendo procesos de investigación, enjuiciamiento y reparación integral.
«Nuestra lucha no cesa y no cesará hasta encontrar justicia, verdad y reparación», agregaron.
