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Por: Redacción YSKL
Este miércoles, el Juzgado 12° de Paz de San Salvador, decretó Instrucción con Detención Provisional para la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López.
López fue acusada de Peculado en un primer momento, pero tras la presentación del requerimiento por parte de la Fiscalía General de la República el pasado lunes 2 de junio, el cargo cambió por Enriquecimiento Ilícito.
La defensa señala que López fue detenida el 18 de mayo por acusaciones de desfalco cuando era asesora de Eugenio Chicas, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral de 2009 a 2014. Chicas ha estado detenido desde febrero por supuesta enriquecimiento ilícito, cargos de los que se ha declarado inocente.
Al salir de la audiencia inicial, la también Jefa de la Oficina de Anticorrupción de la organización Cristosal, se defendió de las acusaciones y se declaró presa política.
«Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción…no hay ninguna institución pública que garantice derechos. Soy inocente y voy a demostrar mi inocencia. ¡Quiero un juicio público!», exigió la jurista.
Pedro Cruz, abogado defensor, manifestó a los periodistas que el caso se mantiene en reserva total, durante los seis meses que el juez extendió a la Fiscalía para ampliar las investigaciones.
«El caso pasa a Instrucción y con detención. No hay argumentos (por parte del Ministerio Público), esto es de otra naturaleza». «(El caso) tiene reserva», recalcó.
#LoÚltimo | Decretan Instrucción Formal con Detención Provisional, por el delito de enriquecimiento ilícito, para la Abogada Ruth Eleonora López Alfaro. La @FGR_SV tiene 6 meses para ampliar las investigaciones.
Vía @GerardoJvlYSKL pic.twitter.com/s62NrLS6mh— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) June 4, 2025
La familia de López y la organización Cristosal presentaron una solicitud de hábeas corpus el 29 de mayo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por lo que consideran una detención arbitraria, informó la ONG en un comunicado este lunes.
La solicitud argumenta que la Fiscalía General de El Salvador no presentó la acusación criminal dentro de las 72 horas establecidas por la Constitución, y que López no ha podido tener comunicación “libre y privada” con su equipo legal.
En la demanda, la familia de López solicita que los jueces ordenen su liberación. La Sala Constitucional aún no se ha pronunciado sobre si admite la solicitud. Los jueces no tienen un plazo establecido para emitir una respuesta.
Además, expertos de las Naciones Unidas (ONU) que forman parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas instaron al Gobierno de El Salvador el 30 de mayo a garantizar que López reciba “todas las garantías legales fundamentales y las garantías de debido proceso”.
