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Por: Redacción YSKL. –
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, a través del Juzgado Dos, instaló el juicio contra 492 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quienes se les atribuyen múltiples delitos cometidos a nivel nacional.
De acuerdo con las autoridades, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, feminicidio agravado, extorsión, rebelión, delitos relacionados con droga, trata de personas, tráfico de armas y agrupaciones ilícitas.
Según el proceso judicial, el tribunal conocerá más de 47,000 hechos delictivos, entre los que se incluyen aproximadamente 29,000 homicidios agravados. Entre estos figuran al menos 87 asesinatos cometidos entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, hechos que derivaron en la implementación del régimen de excepción en el país.
Entre los procesados se encuentran integrantes de la denominada ranfla nacional, ranfla de las calles, corredores de programa y fundadores de la estructura, quienes, según la acusación, habrían dirigido operaciones criminales en distintos puntos del territorio salvadoreño.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que dentro del grupo de imputados figuran miembros de la ranfla nacional, considerada la estructura de mando de la MS-13. Hasta 2022, esta organización contaba con dos ranflas nacionales, una operando desde centros penales y otra en libertad. No obstante, se desconoce la identidad de algunos líderes detenidos o con órdenes de captura, así como de otros miembros que permanecen en procesos judiciales en Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a los acusados se les atribuye la comisión de más de 47,000 delitos, ordenados directamente por sus estructuras y ejecutados entre 2012 y 2022. Según la institución, durante ese periodo la organización operó de forma sistemática, generando temor en la población salvadoreña.
Entre los delitos imputados se encuentran homicidios, feminicidios, extorsiones, narcotráfico, desapariciones de personas y tráfico de armas. Además, los procesados enfrentan cargos por rebelión, al ser señalados de intentar mantener control territorial con el objetivo de establecer un “Estado paralelo”, en contravención de la autoridad estatal y el orden constitucional.
Las autoridades también vinculan a los acusados con la ola de violencia registrada en marzo de 2022, que dejó al menos 86 víctimas y marcó un punto de inflexión en las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno.
De los procesados, 413 cabecillas ya se encuentran en prisión, mientras que otros 73 cuentan con órdenes de captura vigentes. La FGR aseguró que dispone de un amplio respaldo probatorio que buscará sustentar la imposición de penas máximas contra los imputados durante el desarrollo del juicio.
