Trabajo emitirá 70 resoluciones de reinstalo de dirigentes sindicales pero advierte que no defenderán «corruptos, deshonestos y haraganes»

Por: Redacción YSKL

El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció este 1 de mayo el hallazgo de 70 resoluciones de diversas instancias del Órgano Judicial, relacionadas a demandas hacia líderes sindicales que obtuvieron un fallo favorable. Un equipo multidisciplinario de abogados laboristas y penalistas de la cartera de Estado identificó las resoluciones, lo que servirá como base para impulsar un decreto de reinstalo inmediato.

A partir de este precedente, el titular de Trabajo informó que la institución emitirá resoluciones de cumplimiento inmediato para garantizar el reinstalo de aquellos líderes sindicales que hayan sido removidos de sus cargos por causas eminentemente políticas o persecución.

«Desde el Ministerio de Trabajo vamos a emitir resolución que aquel dirigente sindical que ha sido despedido solo por una causa política, de represión antisindical, anunciamos este día que emitiremos resoluciones ordenando de forma inmediata el reinstalo de estos dirigentes», explicó Castro, subrayando que la medida busca corregir procesos donde se ha violentado el debido proceso.

No obstante, el Ministro fue tajante al señalar que este «escudo legal» no será un «cheque en blanco para la impunidad interna». Castro aclaró que esta medida no alcanzará a quienes hayan incurrido en faltas éticas o administrativas graves, diferenciando claramente entre la lucha social y el aprovechamiento personal.

«No vamos a defender dirigentes sindicales corruptos, deshonestos, haraganes o maltratadores de personal; no los vamos a defender», sentenció el funcionario, quien hizo un llamado a las bases para limpiar el movimiento de lo que calificó como «parásitos sindicales» que dañan la imagen de los «verdaderos defensores de la clase trabajadora».

Finalmente, el funcionario advirtió que estas resoluciones administrativas serán enviadas a los tribunales correspondientes, exigiendo que se emitan medidas cautelares para detener procesos de destitución arbitrarios. Según Castro, esta postura busca evitar que el Órgano Judicial se convierta en una «tapadera de impunidad».

«Nuestra cartera de estado no le debe de dejar ningún problema de tipo legal al Presidente Bukele. Hemos venido a aplicar la ley y a aplicar justicia como corresponde, indistintamente seamos juzgados o no», concluyó, reafirmando que este hallazgo jurídico permitirá también fortalecer la posición de El Salvador ante la OIT y salir definitivamente de la «lista negra» internacional.