Por Redacción YSKL
Acción Ciudadana presentó su monitoreo “Asignación presupuestaria a las instituciones de control 2026”, en el que identificó estancamiento, incrementos mínimos y reducciones en entidades vinculadas a fiscalización, transparencia y justicia, con énfasis en el recorte al Órgano Judicial tras la reforma constitucional que eliminó la garantía mínima del 6 % de los ingresos corrientes del Estado.
La organización señaló que la modificación al artículo 172 trasladó la definición presupuestaria del sistema judicial a decisiones del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Según el informe, esto genera “riesgo de que la asignación de recursos pueda realizarse como premio/castigo según las resoluciones judiciales”.
De acuerdo con el análisis, el presupuesto del Órgano Judicial pasó de $492.3 millones en 2025 a $369.2 millones en 2026, una reducción del 25 %. Acción Ciudadana sostuvo que este cambio representa uno de los hallazgos más relevantes por su impacto en la independencia financiera del sistema judicial.
Incrementos limitados y reducción en capacidad de control
El monitoreo examinó siete instituciones de control y concluyó que, aunque cinco registran aumentos para 2026, en varios casos estos son mínimos. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) recibió $1.9 millones, con una variación de 0.16 %, mientras que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) tuvo un aumento similar.
Acción Ciudadana indicó que el IAIP mantiene el presupuesto más bajo entre las entidades analizadas y advirtió que “sin fondos suficientes” aumenta el riesgo de incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
La organización también señaló que en instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Órgano Judicial se observan reducciones de plazas, lo que podría afectar servicios y funciones de supervisión.
Comparativo de variaciones presupuestarias 2025-2026:
- IAIP: $1.9 millones (+0.16 %)
- TEG: $2.4 millones (+0.16 %)
- PGR: $10.8 millones (+1.03 %)
- PDDH: $35 millones (+1.82 %)
- Corte de Cuentas: $55.8 millones (+10.63 %)
- Fiscalía General: $91.6 millones (+3.50 %)
- Órgano Judicial: $369.2 millones (-25 %)
Señalan falta de transparencia en formulación presupuestaria
El informe expone que la mayoría de titulares de estas instituciones se limitaron a aceptar los techos presupuestarios fijados por el Ministerio de Hacienda, sin hacer públicas necesidades adicionales o discrepancias sobre suficiencia financiera.
Acción Ciudadana afirmó que esto dificulta determinar si los recursos aprobados responden a necesidades reales y sostuvo que algunos titulares, como los del IAIP y TEG, no siempre participan en explicaciones presupuestarias ante la comisión legislativa correspondiente.
Prioridades estatales
La organización indicó que las siete instituciones de control representan en conjunto el 5.3 % del Presupuesto General del Estado, mientras otras áreas, como seguridad pública y defensa nacional, recibieron refuerzos mayores.
Según el monitoreo, esta distribución refleja que fortalecer mecanismos de fiscalización “no es una prioridad” dentro del presupuesto aprobado para 2026.
Riesgos señalados por el informe
Acción Ciudadana concluyó que la reducción global del 17 % en el financiamiento de estas instituciones podría limitar funciones de control, prevención y fiscalización, y advirtió sobre el riesgo de consolidar un esquema de “impunidad estructural” por falta de recursos suficientes.
La organización también indicó que algunas entidades han debido cancelar proyectos o reducir inversión en modernización, debido a que gran parte de sus recursos continúan concentrados en gasto operativo y salarios.
