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Por Redacción YSKL
La Corte de Cuentas de la República (CCR), presentó este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR), un total de 10 avisos por una serie de presuntos casos de uso ilícito de fondos, los cuales estaban destinados para atender la pandemia por COVID-19, así como las tormentas Amanda y Cristóbal, en contra de 10 alcaldías.
Según detalló la institución, cada aviso equivale a una municipalidad, de las cuales cuatro son de San Salvador, tres de San Vicente, una de Chalatenango, y una de La Libertad, a las que se atribuye el cuestionamiento por el monto total de $7,110,990.68 dólares.
Ante esto, se hizo referencia a una serie de “observaciones identificadas”.
Primero, detalla la Corte, se efectuaron erogaciones de fondos para pagos de proyectos, al igual que adquisición de productos que no tenían asociación con la emergencia sanitaria.
Además, en segundo lugar, la institución citó una supuesta autorización de traslado de dichos fondos, hacia cuentas del Fondo de Desarrollo Social (FODES), con los cuales se pagó planillas de salarios, dietas, gastos de representación, compensaciones, y otros gastos que no se vinculaban con la emergencia.
En un tercer punto, se declaró que “no se encontraron evidencias de procesos de compras y se detectaron posibles deficiencias en las licitaciones”, señala el comunicado.
Ante esto, la CCR establece que los supuestos ilícitos serían actos de arbitrarios, administración fraudulenta, malversación de fondos, entre otros.
Los periodos en que se detectaron dichas irregularidades, por parte de la Corte abarcan desde el 1 de mayo de 2018 hasta el 30 de abril de 2021.
El ente fiscalizador emitió las observaciones con base en el artículo 8-A, numeral 6 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, que establece que debe “Comunicar inmediatamente por medio del funcionario que esta designe al Fiscal General de la República, de los posibles ilícitos penales que se advierten en razón del ejercicio de las atribuciones de la Corte”.
En total, se han presentado 46 avisos ante la FGR, desde el 11 de enero hasta la fecha, lo que deja un monto cuestionado de $28,140,256.11, según declaró la autónoma.
