Organizaciones de derechos humanos se pronuncian ante postura del Gobierno por informe de la CIDH enmarcado en el régimen de excepción

Por Redacción YSKL

Distintas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron este lunes ante la postura del Gobierno sobre el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que documenta posibles violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador.

Verónica Reyna, directora del programa de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), ha calificado como “contradictoria y absurda” la actitud del gobierno.

Reyna señaló que “el desacreditar el contenido del informe, aceptando únicamente el reconocimiento que la Comisión hace sobre la disminución de los homicidios y de algunos delitos, pero invalidando el resto de la información, es una postura lamentable”.

Dichas declaraciones surgen en respuesta a las observaciones realizadas por el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero.

Guzmán cuestionó tanto la metodología utilizada por la CIDH como la transparencia del informe.

En un comunicado, expresó que “a la fecha, la CIDH no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre cómo se seleccionan sus fuentes, testigos, procesos de entrevistas y selección, ni ha demostrado de manera clara y pública que sus decisiones están libres de influencias externas”.

En contraste, Reyna manifestó su preocupación por lo que considera una falta de interés real en abordar las violaciones a derechos humanos y en apoyar la reparación de las víctimas.

“Nos preocupa la postura contraria a derechos humanos que tiene el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos; pareciera que no hay un interés genuino de conocer, primero, a las víctimas de violaciones a derechos humanos y, segundo, de aportar y acompañar la reparación de estas”, agregó.

Por su parte, David Morales, exprocurador de derechos humanos y actual jefe de justicia transicional de Cristosal, destacó la relevancia del informe de la CIDH.

Morales lo calificó como el “llamado internacional más fuerte hasta hoy para que cesen las violaciones a derechos humanos en El Salvador que está ocasionando el régimen de excepción”.

Además, hizo énfasis en las 22 recomendaciones del informe, que incluyen la implementación de una política de atención a víctimas, la elaboración de un registro de víctimas, la investigación de casos y el diseño de un plan de reparación integral.

En ese sentido, subrayó que estas recomendaciones reflejan la seriedad de las violaciones documentadas por la CIDH, comparándolas con medidas similares formuladas para los casos del conflicto armado.

Organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) hicieron un llamado al Estado para que atienda todas las recomendaciones de la CIDH de manera urgente, con el fin de restablecer el Estado de derecho y las garantías constitucionales que actualmente están suspendidas.