Reprograman audiencia contra Ernesto Muyshondt hasta el 28 enero por falta de informes financieros 

Por Redacción YSKL

Este viernes, el Tribunal Quinto de Sentencia tenía programada la continuación de la vista pública contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien enfrenta cargos por el supuesto delito de retención de cuotas laborales, apropiación indebida de percepciones tributarias e incumplimiento de deberes durante su gestión edilicia.

Sin embargo, la audiencia fue suspendida hasta el próximo 28 de enero a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la falta de informes financieros completos de las instituciones sobre la cancelación de deudas a las víctimas.

En este caso, también son procesados: Fernando Heriberto Portillo, extesorero municipal; Santos Omar Muñoz, exdirector financiero; y José Francisco Rivera Chacón, delegado de la representación legal de la Dirección de Desechos Sólidos.

Se informó que solo se han recibido 20 de los 44 informes solicitados por la FGR. En este contexto, la abogada defensora de Chacón, Verónica Mendoza, expresó que algunas instituciones podrían estar incurriendo en un delito por no proporcionar la información requerida.

Ante esto, Mendoza pidió que durante el receso otorgado por el Tribunal se pueda acceder a esos datos o, en su defecto, certificar el incumplimiento de deberes.

“Lo que pasa es que las instituciones se están amparando en que es bastante información, pero el tema es el siguiente: ¿hace cuánto se dio la orden de solicitar información? Porque, por lo menos en mi caso, ya llevamos más de dos meses de atraso y la Fiscalía no manda la información”, señaló Mendoza.

La abogada también criticó la falta de colaboración y subrayó que se debe certificar el incumplimiento de deberes si no se entrega la información requerida dentro de los plazos establecidos.

“Si usted no obedece a una orden, artículo 193 de la Constitución de la República, usted tiene que mandar la información en los plazos que le está requiriendo la Fiscalía General de la República», agregó Mendoza.

Según las investigaciones, los exfuncionarios no pagaron las cuotas provisionales, pagos al ISSS y deudas bancarias de los trabajadores de forma ilegal y planificada, entre mayo del 2018 y abril de 2021.