Por Redacción YSKL
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en el Centro Judicial de Santa Tecla, declaró la existencia de enriquecimiento ilícito del exdirector ejecutivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA), Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, y de su cónyuge, Violeta Yanira Flores de Jenkins, tras concluir el proceso civil promovido por la Fiscalía General de la República (FGR).
Como parte de la resolución, el tribunal ordenó que ambos demandados reintegren al Estado $289,567.89, monto que fue determinado luego de la valoración de la prueba pericial incorporada al expediente. Además, se decretó la inhabilitación del exfuncionario para ejercer cargos públicos por un período de 10 años.
Origen del proceso civil
El caso tuvo su origen en un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que detectó irregularidades financieras durante la gestión de Jenkins Lorenzana como director de FOSOFAMILIA, cargo que desempeñó entre el 2 de enero de 2006 y el 16 de marzo de 2010.
De acuerdo con la resolución, durante ese período se identificaron depósitos bancarios, pagos de préstamos y de tarjetas de crédito, así como un incremento patrimonial no justificado, el cual no fue debidamente sustentado por los demandados.
En su fallo, la Cámara validó el planteamiento de la Fiscalía y determinó que los fondos observados tenían origen público, por lo que debían ser restituidos al erario nacional.
Según los antecedentes del caso, las observaciones patrimoniales incluyeron depósitos en efectivo y cheques en cuentas bancarias; pagos de préstamos personales; cancelaciones de tarjetas de crédito; e incrementos patrimoniales sin respaldo legal.
Estas irregularidades fueron atribuidas principalmente al exdirector de FOSOFAMILIA, mientras que una parte menor correspondió a movimientos financieros a nombre de su cónyuge.
Antecedentes de la investigación
En julio de 2025, la Cámara juramentó a un perito contable encargado de realizar el análisis patrimonial de los demandados, con el fin de establecer el origen lícito o ilícito de los fondos observados.
En ese momento, la Fiscalía solicitó el reintegro de los montos cuestionados y la inhabilitación del exfuncionario.
Con la resolución emitida, el tribunal dio por acreditada la existencia de enriquecimiento ilícito y ordenó las medidas civiles correspondientes conforme a la legislación vigente.
