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Alrededor del 70 % de empresas industriales se sumaron de forma voluntaria a la Quincena 25, según ASI

Por Redacción YSKL

Hasta el 70 % de las empresas del sector industrial se habrían incorporado de manera voluntaria a la aplicación de la Ley Especial Quincena Veinticinco, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), una vez finalizado el plazo correspondiente a enero.

El presidente de la gremial, Jorge Arriaza, explicó que la propuesta fue analizada internamente antes de ser trasladada a las empresas afiliadas, sin carácter obligatorio.

“Se decidió que era un tema que se sugería a las empresas que pudieran apoyarlo”, indicó, al señalar que cada compañía evaluó su participación “según su realidad”.

Según la información recabada por la gremial, Arriaza afirmó que “fácil, alrededor de un 60 % o 70 % de empresas industriales que hemos consultado se sumaron”, aunque precisó que la decisión dependió de las condiciones particulares de cada empresa.

Impacto financiero y previsión empresarial

Arriaza reconoció que la implementación de la medida representó un gasto no contemplado inicialmente para el sector.

“Era un gasto que no estaba previsto”, señaló, al referirse al pago del ingreso complementario correspondiente a enero.

No obstante, apuntó que el desembolso tiene implicaciones tributarias favorables, ya que puede ser deducible del impuesto sobre la renta. Además, vinculó la medida con un efecto general en la economía.

“Al haber más dinero, más liquidez, eso genera más actividad económica”, expresó, al considerar que esa fue la idea central de la normativa.

El presidente de ASI añadió que, aunque el sector industrial asumió el pago con esfuerzo, el próximo año permitirá una mejor planificación.

“El otro año ya hay un año para prepararse”, afirmó.

La decisión de sumarse voluntariamente a la Quincena 25 tomó en cuenta distintos factores, entre ellos la capacidad financiera de cada empresa, el carácter no obligatorio de la medida en el sector privado durante esta fase, la posibilidad de deducibilidad fiscal del pago y la planificación presupuestaria para los próximos años de aplicación obligatoria.

Cómo se calcula la Quincena 25

La Ley Especial Quincena Veinticinco establece que el ingreso complementario que se paga cada enero se calcula de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado, utilizando el mismo criterio legal que rige el aguinaldo, según explicó el ministro de Trabajo, Rolando Castro.

La normativa toma como referencia el salario mensual del trabajador y su antigüedad dentro del período evaluado, sin distinción de sector económico ni tamaño de empresa.

“Así como se calcula el aguinaldo, de esa misma manera se va a calcular”, afirmó el funcionario.

En el sector privado, el 100 % del beneficio corresponde a quienes hayan laborado un año completo, mientras que los trabajadores con menor antigüedad reciben el pago de forma proporcional. En el sector público, la ley reconoce el 100 % del beneficio a quienes hayan trabajado al menos 180 días.

Monto, límites y forma de pago

La ley fija que la Quincena 25 equivale al 50 % del salario mensual del trabajador, siempre que su ingreso sea igual o inferior a $1,500. Castro aseguró que “nadie va a recibir menos de doscientos dólares”, por lo que ningún trabajador formal percibirá un monto inferior a esa cifra.

El beneficio se entrega de manera íntegra, sin descuentos.

“No lleva ningún tipo de retención legal”, puntualizó el ministro, al señalar que el pago no está sujeto a renta, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Alcance y aplicación obligatoria

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, más de 900 mil trabajadores que devengan hasta $1,500 mensuales serían beneficiados, lo que representa más del 90 % de la planilla formal.

En el sector privado, el pago de la Quincena 25 fue voluntario en esta etapa y pasará a ser obligatorio a partir de 2027. En el sector público, la aplicación obligatoria iniciará en 2026, conforme a lo establecido en la normativa aprobada por la Asamblea Legislativa.

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