Por Redacción YSKL
El proceso penal contra un investigador de la Policía Nacional Civil continuará en la etapa de instrucción con detención provisional, tras la resolución emitida por un juzgado de paz en Santa Ana Centro, al considerar que existen elementos suficientes para que el caso avance.
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Walter Danilo Liborio Solís, de 45 años, acusado de los delitos de incumplimiento de deberes y estafa agravada.
La decisión se tomó a partir del requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el caso se originó luego de un memorándum emitido por la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la FGR en Santa Ana, en el que se alertaba sobre denuncias verbales relacionadas con “solicitudes indebidas de dinero” presuntamente realizadas por el imputado, quien se desempeñaba como investigador en el Departamento de Investigaciones de la PNC.
Las diligencias iniciadas por la Fiscalía permitieron identificar un caso ocurrido a finales de 2022, relacionado con una víctima bajo régimen de protección que había denunciado un delito vinculado a un inmueble de su propiedad.
A inicios de 2023, la denunciante acudió a la sede policial en Santa Ana, donde fue informada que su caso estaba asignado a Liborio Solís, con quien sostuvo varias reuniones en el marco de la investigación.
Según la relación de los hechos, en uno de esos encuentros el imputado le indicó que existía una supuesta resolución de desalojo favorable, pero que era necesario entregar $400 para la compra de postes con los que se cercaría el terreno.
La víctima entregó $200 en ese momento, en presencia de un familiar que actualmente figura como testigo con régimen de protección.
Posteriormente, el investigador le habría pedido que no comentara la entrega del dinero, señalando que “no se trataba de un cobro”, sino de un gasto operativo.
Durante 2024, el imputado habría continuado solicitando el resto del dinero sin proporcionar documentación que respaldara la supuesta resolución.
Ante la falta de avances y las inconsistencias, la víctima acudió a la Fiscalía de Santa Ana, donde se le informó que no existía resolución judicial ni fiscal relacionada con el inmueble y que el expediente no mostraba progreso.
Tras conocer estos hechos, la Fiscalía inició una investigación formal que concluyó con la detención del investigador policial el 22 de enero de 2026, y con la decisión judicial de que el proceso continúe mientras el imputado permanece en prisión.
