![Radio Cadena YSKL 104.1 FM - 770 AM](https://radioyskl.com/wp-content/uploads/2019/04/yskl.png "YSKL \")
Por: Redacción YSKL
El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, estableció una analogía histórica entre los procesos judiciales masivos que iniciaron esta semana contra líderes de la MS y los emblemáticos juicios de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial. En este primer gran proceso bajo nuevas normativas penales, se juzga a 486 supuestos integrantes de la MS-13, a quienes el Gobierno responsabiliza de unos 47,000 crímenes cometidos durante la última década.
A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado arremetió contra la perspectiva de ciertos organismos internacionales y medios de comunicación sobre la condición de los procesados. Bukele enfatizó: “Estos son los ‘presuntos miembros de pandillas’ de los que hablan algunos medios internacionales. Los mismos a los que ciertas ONG llaman ‘civiles’ y defienden con tanta insistencia. No fueron ‘presuntos pandilleros’ para sus víctimas. No fueron ‘civiles’ para las comunidades que vivieron bajo su control durante décadas”.
El eje de la argumentación reside en la «responsabilidad de mando», un concepto jurídico que busca castigar a las cúpulas por las acciones ejecutadas por sus subordinados. Bukele defendió la soberanía jurídica de El Salvador para emplear este criterio, tal como se hizo con la jerarquía nazi en la posguerra, afirmando que: “Nosotros no inventamos ese principio. Se llama ‘responsabilidad de mando’, y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg. No valemos menos que ellos y también tenemos derecho a vivir en paz”.
De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía General de la República, este colectivo enfrenta cargos por más de 47,000 actos delictivos ocurridos entre 2012 y 2022, incluyendo la ola de violencia de marzo de 2022 que dejó 86 víctimas fatales. El presidente reiteró que los señalados no son criminales de bajo perfil, sino líderes de organizaciones terroristas que ya cuentan con sentencias previas por delitos graves como homicidios, abusos sexuales y secuestros.
Actualmente, 413 de los imputados comparecen mediante videoconferencia desde el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), mientras que otros 73 individuos son procesados en ausencia al encontrarse prófugos. Las imágenes difundidas muestran a los reclusos uniformados y bajo estrictas medidas sanitarias, siguiendo las audiencias en una modalidad que ha despertado inquietudes en defensores de derechos humanos.
Este formato de enjuiciamiento es posible gracias a las reformas legales aprobadas en 2023, enmarcadas en un régimen de excepción que ha limitado ciertas garantías constitucionales durante los últimos cuatro años. Mientras el Ejecutivo defiende el rigor del sistema, diversas entidades internacionales mantienen su preocupación sobre el acceso efectivo a la defensa técnica y las condiciones de representación legal de los cientos de acusados en este macroproceso.
