Por: Redacción YSKL
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades de El Salvador han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la segunda y tercera revisiones combinadas del programa económico apoyado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF). De ser aprobado por el Directorio Ejecutivo de la multilateral, el país tendría acceso a aproximadamente $140 millones.
De acuerdo al último informe, la actividad económica salvadoreña ha superado las expectativas iniciales, permitiendo corregir los desequilibrios fiscales y externos de acuerdo con los compromisos adquiridos. A su vez, los colchones de reservas y de liquidez continúan fortaleciéndose por encima de las metas previstas con el fin de incrementar la resiliencia ante eventuales choques externos.
El Jefe de Misión del FMI para El Salvador, de apellido Torres, destacó el buen desempeño macroeconómico del país al señalar que «la economía salvadoreña continúa mostrando un sólido desempeño», estimando además que «el crecimiento del PIB real superó las expectativas en 2025 y se espera que alcance 4,5 por ciento en 2026, respaldado por una sólida inversión y consumo privados, así como por los robustos flujos de remesas, turismo y capital». Asimismo, resaltó que «esta evolución ha estado respaldada por las mejoras en seguridad y por una mayor confianza de los inversionistas».
Según el comunicado del FMI, el ámbito fiscal y estructural, las autoridades salvadoreñas se han comprometido a impulsar políticas de gasto prudentes y mejoras en la recaudación tributaria, buscando incrementar el superávit primario del Sector Público No Financiero de 2,9 % del PIB este año a 3,7 % en 2027. «La agenda fiscal contempla reformas clave como la reestructuración del servicio civil, modificaciones al sistema de pensiones y el fortalecimiento de la transparencia institucional, la gobernanza y los marcos de lucha contra el lavado de dinero», señala.
Respecto al uso de criptoactivos, El Salvador transfirió toda la plataforma operativa de la billetera electrónica estatal a un operador privado, reduciendo sustancialmente la participación pública. Además, la misión del organismo enfatizó que «la acumulación de Bitcoin desde la primera revisión refleja donaciones privadas y no ha implicado el uso de recursos públicos», añadiendo que de cara al futuro «no se prevé una acumulación adicional de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas».
