Por Redacción YSKL
El Ministerio de Turismo (MITUR) presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, con la que busca ampliar la aplicación de los incentivos tributarios e incorporar a grupos empresariales que realicen inversiones de expansión en El Salvador.
La iniciativa será estudiada por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.
Grupos empresariales podrían acceder al régimen
La reforma plantea que las personas jurídicas vinculadas por relaciones de control y que operen coordinadamente en el país puedan acogerse a los beneficios de la ley como un Grupo Empresarial, considerado para estos efectos como una unidad económica.
La propuesta establece que el grupo deberá estar representado por una sociedad matriz domiciliada y operando en El Salvador. Se considerará que existe control cuando una persona jurídica posea, directa o indirectamente, más del 50 % de las acciones o participaciones con derecho a voto de otra u otras sociedades.
Además, se reduciría de 10 a cinco años la antigüedad mínima que deben tener en el país las inversiones u operaciones para ser consideradas dentro del concepto de expansión.
La reforma mantendría como sectores considerados estratégicos a:
- Textil y confección.
- Agroindustria.
- Alimentos y bebidas.
- Autopartes.
- Electrónica.
- Productos plásticos.
- Calzado.
- Productos químico-farmacéuticos.
- Productos para la construcción.
- Fabricación de papel y productos de papel.
Proponen cambios en las exclusiones
El proyecto también modifica las condiciones para quedar excluido de los beneficios tributarios.
La propuesta establece que la ley no aplicaría a quienes mantengan vigentes y de forma continuada otros incentivos tributarios de carácter permanente otorgados por leyes generales o especiales, como los contemplados en la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización o la Ley de Servicios Internacionales.
Sin embargo, se permitiría acceder al régimen cuando un beneficio fiscal anterior ya haya vencido o se haya extinguido, así como cuando se trate de incentivos de aplicación única, no recurrente o puntual.
Grupo deberá alcanzar inversión mínima de $75 millones
Uno de los cambios planteados corresponde al régimen de crédito tributario para los grupos empresariales.
La iniciativa establece que la inversión de expansión del grupo no podrá ser inferior a $75 millones. Al alcanzar ese monto, el grupo se ubicaría en el rango III de inversión, correspondiente a un crédito tributario del Impuesto sobre la Renta equivalente al 30 % de la inversión.
El porcentaje se aplicaría individualmente a cada sociedad sobre el monto que ejecute dentro del proyecto. A su vez, la inversión de cada sociedad participante no podría ser inferior al monto mínimo establecido para el rango I, actualmente fijado entre $1 millón y $10 millones.
Cambia la base para calcular el crédito tributario
La propuesta también modifica la forma de determinar el crédito tributario que puede utilizarse contra el Impuesto sobre la Renta.
El cálculo tomaría como referencia el excedente resultante de restar al impuesto declarado y computado el promedio correspondiente a los cuatro ejercicios fiscales anteriores a la obtención del acuerdo de calificación, ajustado por el último dato de inflación anual emitido por el Banco Central de Reserva antes de la calificación del proyecto.
Actualmente, la ley considera para este cálculo los últimos diez ejercicios fiscales. La reforma también propone reducir de diez a cinco años el período de los estados financieros auditados que deben presentarse para solicitar la calificación de la inversión.
Nuevos requisitos para grupos empresariales
Los grupos que busquen acogerse al régimen deberán proporcionar información sobre las sociedades que participen en el proyecto, sus relaciones de control y vinculación y la participación de cada una en la cadena productiva y logística.
Entre los requisitos propuestos están:
- Identificar al grupo y a las sociedades participantes.
- Presentar certificaciones sobre los socios o accionistas de cada sociedad.
- Acreditar las facultades de la sociedad matriz para representar al grupo.
- Individualizar el monto de inversión de cada sociedad.
- Demostrar que las operaciones de las sociedades son complementarias dentro del proyecto.
La sociedad matriz sería responsable de gestionar los trámites y canalizar las comunicaciones oficiales relacionadas con la inversión.
Responsabilidad y fiscalización
La reforma plantea que las sociedades integrantes de un grupo empresarial sean solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley.
Además, la Dirección General de Impuestos Internos podría verificar la aplicación del crédito tributario correspondiente a cada sociedad y solicitar información contable y financiera a cualquiera de las empresas participantes.
La sociedad matriz tendría también la responsabilidad de demostrar ante las autoridades el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
En caso de incumplimiento por parte de una o más sociedades integrantes, la propuesta establece que podría proceder la revocatoria de la calificación del grupo empresarial.
Aplicación para el ejercicio fiscal 2026
El proyecto incluye una disposición transitoria para quienes ya hayan calificado su perfil de inversionista ante INVEST y obtenido el Acuerdo de Calificación de la inversión de expansión antes de la entrada en vigencia de la reforma.
Estas personas naturales o jurídicas podrían calcular para el ejercicio fiscal 2026 el crédito tributario conforme a las modificaciones propuestas al artículo 12 de la ley.
De ser aprobada, la reforma entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
