Por Redacción YSKL
El Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud para aprobar la modificación del Contrato de Garantía Soberana del Estado que respalda una línea de crédito del Fondo Social para la Vivienda (FSV) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuyo monto garantizado aumentaría en $50 millones, hasta alcanzar un total de $103.7 millones.
La iniciativa que será estudiada por la Comisión de Hacienda de dicho órgano de Estado busca contribuir a la reducción del déficit habitacional en el país mediante el apoyo financiero al FSV.
La modificación corresponde a la Línea Global de Crédito No. 2178, suscrita entre el FSV y el BCIE.
El monto garantizado inicialmente era de $53.7 millones y, con el incremento propuesto, ascendería a $103.7 millones.
¿Cómo cambiaría el monto garantizado?
La modificación plantea mantener la garantía soberana sobre la línea de crédito del FSV, pero aumentar el monto respaldado por el Estado en $50 millones adicionales.
- Monto garantizado inicialmente: $53.7 millones.
- Incremento adicional: $50 millones.
- Monto total garantizado: hasta $103.7 millones.
El objetivo señalado en la solicitud es respaldar el financiamiento del FSV para contribuir a reducir el déficit habitacional. El texto proporcionado no detalla los programas específicos de vivienda ni la distribución de los recursos adicionales.
Modificación suscrita el 19 de octubre
Según el documento presentado, la Asamblea autorizó previamente al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, a suscribir la modificación de la garantía soberana mediante un Decreto Legislativo, aprobado el 23 de septiembre de 2026 y publicado en el Diario Oficial el 25 de ese mes.
En cumplimiento de esa autorización, el ministro de Hacienda suscribió la modificación contractual junto con un representante del BCIE el 19 de octubre de 2026.
El documento señala que la modificación debe someterse a aprobación legislativa y que el procedimiento se enmarca en el artículo 148 de la Constitución de la República, relativo a empréstitos voluntarios contraídos por el Estado y otras obligaciones financieras.
El proyecto de decreto establece que la primera modificación al Contrato de Garantía Soberana entraría en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial, una vez cumplido el procedimiento legislativo correspondiente.
