FGR apelará contra decisión de judicial de continuar el proceso en libertad a acusados del caso «Saqueo Público»

Debido a la suspensión de plazos judiciales, la Fiscalía General de la República (FGR) consideró errónea la aplicación del derecho del Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador a decretar que nueve acusados del caso «Saqueo Público» enfrenten el proceso en libertad por el vencimiento de los dos años en detención provisional.

Este 11 de junio era la fecha límite de esta medida otorgada a los nueve, que según la ley, si no se clarifica la situación jurídica del imputado en dos años, este no puede permanecer más en detención provisional.

Por lo tanto, la Fiscalía presentará un recurso de apelación ante esta decisión judicial, porque además de la consideración que los plazos estaban congelados, «las medidas cautelares decretadas no son proporcionales a la gravedad de los hechos imputados».

Este caso fue abierto en febrero de 2016 por los delitos de Peculado, Lavado de Dinero y Activos, Casos Especiales de Lavado y Casos Especiales de Delito de Encumbrimiento contra una red que, según las investigaciones, era liderada por el expresidente Mauricio Funes en su gestión de Gobierno (2009 – 2016) y extraía fondos públicos para incrementar de forma ilegal los gastos reservados de la Presidencia.

En total, son 31 personas las acusadas, entre ellas, el exmandatario Funes, la exprimera Dama, Vanda Pignato; el ex secretario de Comunicaciones, David Marciano Rivas; el ex secretario Privado, Francisco Cáceres Zaldaña, así como familiares y varios colaboradores.

El monto por el que se considera el lavado de dinero y activos asciende a $351,035,400.49, lo que representó la mitad del presupuesto total ejecutado por la Presidencia de la República que en esos 5 años fue de $689,351,693.20.

Posterior a mover los fondos a la Presidencia, los trasladaban por medio de cheques a cuentas particulares de los imputados Francisco Rodríguez y Pablo Gómez.

Por lo tanto, la investigación indica que dispusieron el dinero de manera arbitraria en beneficio propio y de terceros mediante la emisión de cheques a favor de personas naturales y jurídicas, incluyendo funcionarios públicos, traslado entre cuentas y transferencia de fondos así como pagos en efectivo destinados  a compra de bienes y servicios sin relación a finalidades públicas.