La Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió a quienes a partir de este lunes conforman el Comités de Veeduría y Seguimiento del Fondo de Emergencia de los $2,000 millones autorizados a buscar a través de crédito o colocación de bonos para atender la pandemia de COVID-19 en el país.
Esto corresponde a la reforma del decreto 608, donde además del comité ejecutor conformado por cinco titulares de carteras del Estado y un nombramiento por la Presidencia de la República, se fijó un comité ciudadano para observar el uso de los fondos.
Este es conformado por un representante de las siguientes instituciones: Universidad de El Salvador (UES), Fundación para el Desarrollo (FUNDE), la Universidad Francisco Gavidia (UFG), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES), quienes fueron presentados este lunes en referida comisión.
Conforme a las atribuciones de este comité conferidas en el decreto 674, los integrantes deberá informar sobre tres aspectos, si se cumplieron con todas las leyes en el uso del fondo público, si se incumplió con algunos aspectos, o si hubo acciones no permitidas por las normativas salvadoreñas, para lo que darán aviso a la Asamblea, a la Corte de Cuentas de la República y a la Fiscalía General de la República.
Por lo tanto, se encargará de dar tutela a la transparencia, administración y ejecución de recursos, así también rendirá informes mensuales al Parlamento y a la ciudadanía a través de medios de comunicación.