La Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador (CDHUES) presentaron un informe sobre violaciones a derechos humanos durante la cuarentena domiciliar decretada en el país por la pandemia de COVID-19 entre el 3 de abril y el 20 de junio de este 2020, donde dieron atención en dos áreas a los afectados.
De acuerdo con el informe expuesto este martes en las instalaciones del Álma Mater, la comisión fue conformada para dar apoyo en tutela y atención psicosocial a víctimas de estas violaciones, de la que participaron 21 estudiantes egresados de la Maestría de Derechos Humanos y Educación para la Paz de los años 2016, 2018 y 2019, con formación en Ciencias Jurídicas y Psicología. También se conformaron áreas de investigación y educación.
Siendo un total de 2,700 casos de violaciones a derechos humanos que fueron atendidos, del total de personas atendidas contabilizaron 1 mil 876 víctimas directas y 985 indirectas. Dentro de estos, se detallan 832 asistencias humanitarias, 22 habeas corpus, 64 casos generales, 49 asistencias psicológica y 18 aministrativas.
Asimismo, el informe explica sobre las violaciones a los derechos de integridad física, la propiedad, a conocer su expediente médico, al trabajo, a la vivienda, ambiente sano y salud física; así como los derechos a la alimentación, retorno al país, al debido proceso, a una vida libre de violencia, alimentación digna y libertad ambulatoria en los albergues que fueron activados como centros de contención.
Una de los más violaciones más representativas que enfatizó la CDHUES fueron las detenciones ilegales en centros de contención establecidos por el gobierno, para ello el equipo de la comisión presentó 21 habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional.
Así también, los casos de contagios de COVID-19 en el Asilo de Ancianos Sara Zaldívar y en el Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), donde se reportaron 22 niños infectados, aún cuando estos permanecían en resguardo en las instalaciones del Complejo Integración Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CISNA). Casos que fueron informados a la Fiscalía General de La República de El Salvador (FGR) y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH).
Por otra parte, el director de la Escuela de Posgrados de Ciencias y Humanidades, Rafael Paz Narvaez, denunció que el pasado 2 de septiembre, durante la presentación virtual del informe preliminar, sufrieron intervención de personas ajenas a la comisión.



















