Nombran peritos que indagarán si empleados del IPSFA se beneficiaron con la venta a bajo precio de terrenos a empresa de Sigfrido Reyes

El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador, admitió realizar una auditoría financiera al patrimonio de tres personeros del Instituto de Previsional de la Fuerza Armada (IPSFA), acusados de estafa agravada.

La Fiscalía General de la República (FGR) propuso que se haga un peritaje para comprobar si los empleados del IPSFA, el Coronel René Antonio Díaz, Delmy Beatriz Vela y Jeny Elizabeth Medina, recibieron algún beneficio económico para vender cinco lotes propiedad de la institución a la empresa Terrenos e Inversiones S.A. (TERREIN) a bajo precio.

La empresa, cuyos propietarios son el ex Diputado del FMLN, Sigfrido Reyes Morales y Byron Larrazábal, adquirió supuestamente los inmuebles, ubicados en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, por un valor de $335 mil dólares menos, es decir, $105,348 dólares.

Juramentan a peritos que extraeran información de equipos tecnológicos incautados a procesados en el caso de lavado de dinero de Sigfrido Reyes.

Ordenan captura de Sigfrido Reyes y tres más; los otros diez enfrentan proceso en libertad.

El Ministerio Público señala que para realizar esta transacción, René Antonio Díaz, entonces Gerente General del IPSFA en 2014 ordenó a Delmy Vela y Jeny Medina elaborar dictamen para bajar el precio, sin ningún tipo de valoración.

El juez consideró que la pericia “es viable y pertinente”, pues servirá para conocer o descartar si existió alguna negociación ilícita con la venta de los bienes.

Además de admitir los puntos de pericia el juez Roberto Arévalo Ortuño, aceptó a ocho peritos permanentes y juramentó un perito accidental propuesto por la defensa del coronel Díaz.

Los profesionales en contabilidad analizaran en conjunto la documentación en la cual recaerá la auditoria, los productos financieros de los imputados, tales como sus cuentas de bancos, registros de propiedades o vehículos, encaminado a conocer sus finanzas.

Al respecto el abogado Manuel Chacón, defensor de Díaz, presentó revocatoria de la resolución del juzgador por admitir la pericia, por no tener “pertinencia en el proceso”. “Lo que se va a realizar es una pericia sobre el perfil económico de los procesados, gastos de vida, los ingresos, y bienes adquiridos y como han pagado los crédito; esto se está haciendo como que si estuvieran siendo juzgado por delitos como peculado o cohecho, no, aquí se está procesando a mi cliente por estafa, no tiene lógica esta diligencia”, emplazó.

Sobre los tres empleados del IPSFA pesan los delitos de Estafa Agravada e Incumplimiento de Deberes.

En este caso, también se encuentran acusados familiares y socios tanto de Reyes como Larrazábal, por los delitos de lavado de dinero.